La oposición pide responsabilidades políticas al PSOE y exige dimisiones

IU y Ciudadanos urgen el desbloqueo de las leyes anticorrupción que se tramitan en la Junta para evitar que se repitan los hechos

ANA MORIYÓN OVIEDO.

Se ha dictado sentencia, pero la oposición no está dispuesta a pasar página. Tras hacerse público el fallo de la Audiencia Provincial que condena al exconsejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre, además de a otros exaltos cargos del Gobierno de Vicente Álvarez Areces, desde la oposición piden que se depuren responsabilidades políticas y, algunos con mayor intensidad que otros, exigen la dimisión del hoy senador. También ayer formaciones como IU y Ciudadanos hacían especial énfasis en la importancia de desbloquear las leyes contra la corrupción que se tramitan en la Junta General para evitar que se puedan repetir estos hechos.

Uno de los grupos políticos más críticos fue el PP. El diputado Agustín Cuervas-Mons tildó lo sucedido de «escándalo mayúsculo» por estar implicados varios dirigentes socialistas de la etapa de Areces al frente del Gobierno. «Han saqueado y robado el dinero de los escolares asturianos en una comunidad en la que el presupuesto para Educación es muy flojo y hay niños que están en barracones», llegó a decir. El principal partido de la oposición ya ha solicitado la comparecencia en el Parlamento del actual presidente del Gobierno, Javier Fernández, a quien le exige que asuma responsabilidades políticas. «No vale la estrategia de que 'a mí que me registren'», advirtió Cuervas-Mons, quien aprovechó para recordar que en la época en la que se cometieron los delitos el ahora jefe del Ejecutivo ya ocupaba el cargo de secretario general de la FSA. Le retó, de hecho, a que exija la dimisión de Areces.

El PP también ha solicitado la comparecencia del actual responsable de Educación, Genaro Alonso, para conocer el «alcance económico de esta tropelía». De hecho, según recordó Cuervas-Mons, existen informes posteriores en los que se sigue detectado que, en muchos colegios, falta material y hay obras que nunca se ejecutaron. «Exigiremos que, más allá de la vía penal, se asuman las responsabilidades políticas. No vale con denunciar y lavarse las manos», declaró.

Podemos se refirió a la sentencia del 'caso Renedo' como «histórica» porque supone, en palabras del portavoz de la formación morada en la Junta, Emilio León, el triunfo de la «gente decente». El diputado quiso destacar el papel de Podemos Asturias en el proceso judicial, apoyando a las acusaciones populares «para evitar un cierre en falso por parte del Gobierno». Celebró que se haya hecho justicia tras años de «despilfarro y recortes» y advirtió de que, con esta sentencia, ni Javier Fernández ni quien le sustituya próximamente al frente de la FSA podrán negar «los problemas estructurales ni los casos de corrupción que tiene el PSOE». «Queda bien claro lo que hacía la mano derecha de Areces, José Luis Iglesias Riopedre, mientras que con la mano izquierda llevaba a cabo políticas de recorte y educación», concluyó.

Medidas preventivas

Gaspar Llamazares, portavoz de IU en la Junta, fue menos duro con el PSOE que el resto de las formaciones, si bien entiende que se trata de un «duro reproche social tanto a la corrupción funcionarial, empresarial o política que existe en Asturias y en España». El diputado centró sus críticas en el hecho de que, siete años después de destaparse este caso, no se hayan puesto en marcha mecanismos políticos para garantizar medidas preventivas y de rechazo de este tipo de corrupción por parte de las instituciones políticas, que van «al paso de la tortuga». Lamentó, de hecho, que a estas alturas sigan bloqueadas las principales iniciativas políticas que se han puesto sobre la mesa en la Cámara asturiana dirigidas a luchar contra la corrupción, como son la Oficina Anticorrupción y la Ley de Transparencia. «Esperamos que esto signifique un acicate para que los grupos parlamentarios desbloqueemos esa situación», manifestó.

El grupo parlamentario de Foro rechazó hacer valoraciones sobre la sentencia, si bien su presidenta y portavoz en la Junta, Cristina Coto, sí manifestó su «absoluto respeto a las decisiones judiciales».

En opinión de Ciudadanos la sentencia de la Audiencia Provincial es «ejemplarizante» por ser el primer caso de corrupción política que llega a juicio en Asturias, pero incide en la importancia de tomar medidas para que esto no vuelva a suceder. Nicanor García, portavoz de Ciudadanos en la Junta, instó al resto de fuerzas políticas a que faciliten la entrada en vigor de la Ley de Inspección de Servicios que en estos momentos se está tramitando en la Cámara asturiana y que, argumentó, servirá para «que la administración tenga los medios necesarios para que algo así no se vuelva a producir».

Además, la formación naranja pidió al PSOE que depure las responsabilidades políticas. «Hay un exconsejero, una exdirectora general y una exjefa de servicio condenados de un gobierno socialista cuyo presidente ahora es senador y nadie asume ninguna responsabilidad política», se quejó García, que entiende que la gravedad de los hechos es motivo suficiente como para que se produzca «alguna dimisión». Del mismo modo, considera «fundamental» que se restituya el dinero público que se ha desviado «y que se reinvierta en la educación asturiana».

No se le escapa tampoco a Ciudadanos la necesidad de dotar de más medios al poder judicial porque, argumentó García, «no es de recibo que desde el inicio de la investigación hasta el fallo de la sentencia hayan pasado siete años».

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