La oposición señala que la Ley de Salud «llegará tarde» y teme su utilización electoral

De izquierda a derecha, arriba, Carmen Eva Pérez (PSOE), Carlos Suárez (PP) y Andrés Fernández Vilanova (Podemos); abajo, Gaspar Llamazares (IU), Cristina Coto (Foro) y Armando Fernández Bartolomé (Ciudadanos). /
De izquierda a derecha, arriba, Carmen Eva Pérez (PSOE), Carlos Suárez (PP) y Andrés Fernández Vilanova (Podemos); abajo, Gaspar Llamazares (IU), Cristina Coto (Foro) y Armando Fernández Bartolomé (Ciudadanos).

«Todo lo que aporte transparencia nos vendrá bien para asumir que hay que tomar medidas sobre las enormes listas de espera», añade el Simpa

AIDA COLLADO GIJÓN.

Todos los grupos parlamentarios con representación en la Junta General coinciden en señalar que la futura Ley de Salud del Principado es necesaria. Vital. Tanto, que según la oposición el anteproyecto elaborado por la Consejería de Sanidad, al que tuvo acceso EL COMERCIO, que ayer informó de sus principales ejes, «llegará tarde». Muchos partidos identifican en el documento alguna de las que han sido sus reclamaciones durante los últimos años, pero advierten de la necesidad de desarrollarlo con regulación normativa. Por otra parte, temen que se trate de una maniobra electoralista y que, finalmente, la ley no llegue a aprobarse esta legislatura.

Punto, este último, que rechaza la diputada socialista Carmen Eva Pérez. Ella defiende el anteproyecto, que «trata de configurar la nueva sanidad que necesitamos», a través de una serie de importantes cambios -tecnológicos y demográficos- acontecidos desde la aprobación de la última ley. «El texto es positivo y abre la puerta a que los grupos que lo consideren necesario presenten sus enmiendas. No creo que sea tarde, queda un año de legislatura para aprobar la ley. Es posible».

No está de acuerdo el popular Carlos Suárez, quien asegura que «la ley es tan necesaria e importante que, por esa razón, llega muy tarde». Sostiene que el PP ha solicitado durante años muchas de las medidas que ahora incluye el anteproyecto. Aprueba el mantenimiento del mapa sanitario, con sus ocho áreas, y los incentivos médicos a los profesionales que se desplacen a las zonas de difícil cobertura. Pero advierte: «El tema de la movilidad va a ser problemático frente a los sindicatos. Ahora al Gobierno le toca negociar con el resto de partidos». Y no prevé una negociación sencilla.

«Cambios profundos»

En este sentido, Podemos avisa de que planteará cambios profundos en el texto y exigirá cumplir la legislación ya vigente sobre listas de espera. El parlamentario Andrés Fernández Vilanova, también reconoce que el anteproyecto recoge muchas de sus preocupaciones, tales como» la falta de transparencia, las irregularidades administrativas, el desborde de las listas de espera, la mala gestión de los recursos humanos o la ineficiencia y los sobrecostes». Sin embargo, considera que «en muchos aspectos es redundante o no acierta con las soluciones». «Si quieren ir más allá y aprobarla, van a tener que asumir cambios estructurales», zanja.

Para IU, la ley «no cambia nada, como la gestión de la cosejería. Es una pura operación de marketing para ocultar la falta de proyecto sanitario y la mala gestión de la legislatura». Gaspar Llamazares reprocha que la gestión y participación de pacientes y profesionales «se estanca o degrada». Y apunta que la norma «no tiene mayoría ni acuerdo social que la sustente».

Cristina Coto la considera imprescindible, pero teme que se trate de «un anuncio preelectoral, que dudo que veamos esta legislatura, con lo que sumaremos más años de espera». Al igual que la presidenta de Foro, el diputado de Ciudadanos Armando Fernández Bartolomé lamenta que el anteproyecto no se haya enviado a los partidos, «lo que denota la forma de funcionar del Gobierno». Invita a «buscar fórmulas más flexibles para estimular y retener el talento» de la sanidad asturiana.

Muchos grupos coinciden con la opinión de la Plataforma en Defensa de la Sanidad. Su portavoz, Carlos Ponte, criticaba ayer que la ley «es demasiado genérica, se adquieren pocos compromisos concretos. Y sin ellos, podría quedarse en un brindis al sol». El Simpa, por su parte, aplaude «todo aquello que venga en aras de la transparencia». Servirá también para conocer la dimensión de las listas de espera, lo que obligará a tomar medidas. Pero, matiza su secretario general, Antonio Matador, «no puede ser que la única pata que crezca sea la de la derivación».

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