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Parte ampliada del hotel Kaype, sobre la que pesa una orden judicial de derribo, cuyo inicio ha sido aplazado hasta el próximo 30 de septiembre.
La jueza aplaza el inicio de la demolición del Kaype hasta el 30 de septiembre

La jueza aplaza el inicio de la demolición del Kaype hasta el 30 de septiembre

El retraso en un permiso que tiene que emitir la Confederación Hidrográfica del Cantábrico ha motivado esta decisión

TERRY BASTERRA

Miércoles, 27 de julio 2016, 00:26

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El 30 de septiembre. Ese es el nuevo plazo que ha marcado la titular del juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 2 de Oviedo para que den inicio las obras de demolición de la parte ampliada y reformada del hotel Kaype, situado en primera línea de la playa de Barro. Así lo establece la magistrada Pilar Martínez Ceyanes en un auto en el que atiende la petición trasladada por la sociedad propietaria del establecimiento hotelero, ya que ésta carece aún de los permisos pertinentes de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC). Una autorización que es necesaria ya que los trabajos van a generar un tránsito importante de camiones por la zona de protección de servidumbre de la laguna conocida como 'El Llagú'.

La jueza indica en su auto que «por primera vez» se ha solicitado el aplazamiento de la ejecución de la sentencia «por una causa sobrevenida», como es la ausencia de la autorización de CHC para permitir el paso de camiones de obra por una zona protegida. «Resulta prudente esperar a la concesión de dicha autorización con el fin de que la demolición se realice con todas las garantías», señala la juez en su auto, documento en el que también se refleja que «no consta la existencia de otros dos accesos» ni, de existir, que las condiciones de los mismos permitan servir para el tránsito de camiones de obra.

La magistrada especifica que esta decisión no supone una suspensión de la ejecución de la sentencia que ordena el derribo de los trabajos de ampliación, sino que supone «una demora en la realización de la demolición con el fin de asegurar que dicha actuación se realice garantizando la seguridad de los bienes y, en particular, del dominio público hidráulico». Dicho de otro modo, según indican fuentes judiciales, «lo que se demora es la efectiva demolición de las obras amparadas por la licencia ilegal a fin de completar el expediente de demolición en los extremos exigidos por la Administración y, particularmente, para que CHC resuelva sobre la forma más adecuada de llevar a efecto el tránsito de camiones indispensable para llevarla a cabo».

La jueza explica también en su auto los motivos por los que ha fijado un nuevo plazo para el inicio del derribo. «Dadas las fechas en las que nos encontramos y con el periodo de inhabilidad del mes de agosto, se considera prudencial fijar como plazo para la obtención de tales autorizaciones (las de CHC) el día 30 de septiembre, a partir de cuya fecha procederá dar cuenta de lo acontecido»; esto es informar de los trabajos de demolición. Esta comunicación deberá llevarse a cabo el 3 de octubre.

Críticas al Ayuntamiento

El auto de Martínez Ceyanes es crítico con la actuación del Ayuntamiento de Llanes. Y lo hace en dos apartados distintos. La jueza señala que en la documentación remitida por el Consistorio al juzgado en ningún momento se indicaba nada sobre el requerimiento de autorización que debe emitir la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. Tampoco se dice nada de este hecho en el informe técnico municipal, por lo que la magistrada señala que el Ayuntamiento no facilitó que este hecho «pudiera llegar a conocimiento de esta juzgadora».

La demolición de la parte ampliada y reformada del hotel Kaype es consecuencia de la anulación de las dos licencias municipales (una de agrupación de fincas y otra de obras) emitidas por el Ayuntamiento de Llanes entre finales de 2012 y los primeros meses de 2013. Ambos permisos fueron declarados ilegales por los tribunales de justicia en sentencia firme. El Tribunal Superior de Justicia investiga si se cometió un delito de prevaricación administrativa en la concesión de estos permisos. Están imputados la exalcaldesa y el exedil de Urbanismo y cuatro técnicos municipales.

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