El Comercio

Los dueños denuncian al grupo que entró por la fuerza en la finca de San Antolín

Una imagen del instante en el que varias personas irrumpen por la fuerza en la finca en la que se levanta el monasterio.
Una imagen del instante en el que varias personas irrumpen por la fuerza en la finca en la que se levanta el monasterio. / JUAN LLACA
  • Aunque han pasado varios días desde que ocurrieron los hechos, consideran que no fue correcto el acceso «sin existir paso de servidumbre»

La propiedad de los terrenos colindantes al monasterio de San Antolín de Bedón denunciaba este fin de semana al grupo de personas que accedió por la fuerza al recinto, cerrado con motivo de la ejecución de obras de mantenimiento, el domingo 21 de agosto. Aunque fuentes de la Guardia Civil han confirmado a EL COMERCIO la existencia de la denuncia y que fue interpuesta el pasado sábado día 3 de septiembre, ninguno de los propietarios ha querido hacer valoraciones al respecto, más allá de indicar que «se denunció a las personas que entraron por acceder a una propiedad privada sin existir paso de servidumbre».

El día de lo ocurrido, hace algo más de dos semanas, a preguntas de este diario un portavoz de la propiedad aseguraba no tener clara su intención de emprender acciones legales contra los responsables del acto y, aunque parece haberse tomado un tiempo, finalmente ha optado esta vía. Sí dio aviso a la Benemérita de lo ocurrido, cuyos agentes llegaron a personarse en el lugar. La denuncia habría sido notificada ayer a los implicados, todos ellos participantes en el acto de presentación de una nueva asociación cultural, que había elegido el entorno de San Antolín para su puesta de largo como uno de los iconos patrimoniales del concejo, declarado Bien de Interés Cultural. Dicho colectivo, La Volandina, comunicó en el momento a través de su junta directiva que la entrada a la finca del monasterio era «absolutamente ajena» a su convocatoria.

Cuestiones de seguridad

La propiedad indicaba tras lo ocurrido que su empeño por mantener restringido el acceso al templo respondía a cuestiones de seguridad. «Cuando planteamos los trabajos pensábamos en desescombrar las edificaciones y, al ponernos manos a la obra, vimos que los muros se encontraban en muy mal estado», detallaban. Por ello, y ante el consejo de un abogado, decidieron «mantener el cierre, por seguridad». Una decisión que no comparten ciertos sectores, entre ellos el propio Ayuntamiento, que ha tratado de conseguir la apertura de un paso de servidumbre por diversas vías, sin éxito.

Y, por lo que parece, fue esta misma motivación que llevó a un grupo de vecinos a manifestar su descontento con el cierre de la finca accediendo a ella por la fuerza. Entre ellos se encontraba un concejal del Ayuntamiento de Llanes, Alfonso Miyares (VxLl), cuya participación en esta protesta ha generado división de opiniones en el seno del gobierno en coalición e incluso la petición de su cese por parte del único grupo en la oposición, el Partido Socialista.

Su partido, VecinosxLlanes, tras celebrar una asamblea anunció que aprobaba su actuación, describiendo lo ocurrido como «un acto simbólico, con la importancia que la gente le quiera dar». Desde Vecinos se consideró que aquel hecho debía servir para «sacar a las administraciones del sopor y ponerse a servir a la ciudadanía». En una nota, la agrupación especificaba que «la obligación de un concejal es el interés general y no el particular». «De tal forma que, en San Antolín, el interés general es el del patrimonio público que no solamente es la iglesia, sino también el camino vecinal del acceso», añadían. En el comunicado de VxLl se indicó que Miyares «no participó en la rotura de la valla de la parcela» y se reconocía que el haber accedido a la propiedad privada «ensombreció» la presentación de La Volandina.

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