El Comercio

Confederación emite la autorización que permite las obras de derribo del Kaype

La parte nueva del hotel Kaype, la de la derecha, es la que está afectada por la orden de derribo.
La parte nueva del hotel Kaype, la de la derecha, es la que está afectada por la orden de derribo. / JUAN LLACA
  • La jueza dará audiencia a las partes para resolver si es posible legalizar la parte de la ampliación levantada sobre suelo consolidado, como indica un informe municipal

La ausencia de un permiso de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) retraso el inicio de las obras de demolición de la parte ampliada del hotel Kaype, previstas para el pasado julio. La titular del juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 2 de Oviedo dio un plazo hasta el 30 de septiembre para que CHC emitiese ese documento solicitado por la propiedad y la autorización ya ha llegado, según confirmaron ayer fuentes judiciales. Este permiso era necesario ya que los trabajos van a implicar un importante tránsito de camiones por la zona de protección de servidumbre de la laguna conocida como 'El Llagú'.

El calendario marcado por la jueza sigue según lo previsto. El 3 de octubre se pronunciará sobre los siguientes pasos a dar, tal y como indicó en el auto emitido a finales del pasado julio en el que atendía la petición de la propiedad del hotel para aplazar los trabajos de demolición de las obras de ampliación amparadas por las dos licencias municipales que fueron anuladas por la justicia, una de agrupación de fincas y otra de obras.

También es posible que el 3 de octubre -si no lo ha hecho antes- la magistrada se manifieste respecto al incidente de legalidad presentado por la propiedad, a instancias del Ayuntamiento llanisco, después de que un informe técnico de la arquitecta municipal estimase que las obras de ampliación realizadas sobre la finca que tiene la calificación de suelo urbano consolidado -las otras dos son no consolidado- se podrían salvar de la demolición. Fuentes judiciales apuntaban ayer que es preciso resolver ese incidente de legalidad presentado y que, para ello, está previsto dar audiencia a las partes. También se estudiará si procede practicar algún tipo de prueba más.

Investigación abierta

El 3 de octubre la titular del juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 2 de Oviedo comunicará cómo afecta el incidente de legalidad a los plazos para cumplir la sentencia firme de demolición. Otro aspecto que puede tener su incidencia y provocar un retraso es el hecho de que los técnicos municipales del Ayuntamiento de Llanes con capacidad para informar sobre el proyecto de demolición presentado por la propiedad se hayan abstenido de esta labor al estar investigados dentro de la causa penal que trata de esclarecer si se cometió un delito de prevaricación administrativa en la concesión de las licencias de agrupación de fincas y de obras que posibilitaron la ampliación de este hotel situado en primera línea de playa en Barro.

El alcalde de Llanes, Enrique Riestra, recordaba este miércoles que el Ayuntamiento ya ha solicitado a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA) que ceda al Consistorio a alguno de sus técnicos especializados para que sean estos funcionarios regionales los que informen sobre el proyecto de demolición presentado por la propiedad, un documento que cifra en 1,13 millones de euros el coste de estas tareas que se prolongarán por un plazo de seis meses.

Temas