La Sindicatura de Cuentas alerta sobre contratos y servicios irregulares en Llanes

La auditoría financiera del Ayuntamiento de Llanes en el ejercicio 2013, hecha pública ayer por la Sindicatura de Cuentas del Principado, concluye que las cuentas aportadas por el Consistorio «expresan, con salvedades, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera así como de sus resultados económicos y presupuestarios correspondientes al ejercicio analizado».

El informe fiscalizador definitivo destaca, por tanto, como puntos negativos la imposibilidad por su parte de formar una opinión respecto «al valor patrimonial, debido a la inexistencia de un inventario de bienes actualizado y detallado» y otras incorrecciones materiales, como el hecho de que el Ayuntamiento llanisco «comunica como deuda originada en el ejercicio 2010 o anteriores 205.767 euros, sin que se haya iniciado expediente alguno tendente a declarar la baja de las obligaciones prescritas».

Por otra parte, desde la Sindicatura se subraya también que el Consistorio «no refleja en la cuenta de obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto al menos 206 facturas, por importe de 152.528 euros, en las que el servicio o suministro se prestó íntegramente en el ejercicio 2013». Y tampoco «al menos otras 69 facturas por importe de 176.564 euros, cuyo montante debería haberse contabilizado en el ejercicio».

No se muestra por tanto fraude o error alguno dentro de esta fiscalización, ejecutada por interés de la propia Sindicatura de Cuentas y que hace referencia a un ejercicio de la anterior legislatura -cuando gobernaba en Llanes el PSOE-, quedando los estados financieros y presupuestarios, en su conjunto, prácticamente libres de incorrección material. Así lo entiende el actual equipo de gobierno en coalición, el formado por Vecinos por Llanes, Foro y PP con el apoyo de Izquierda Unida, que ayer se limitaba a solicitar «más tiempo» para analizar la auditoría, asegurando que «no se nos ha remitido de manera oficial». «Por lo que hemos podido conocer, parece que el documento no habla de errores consustanciales ni de posibles actos de prevaricación y, según parece, no hay traslado al Tribunal de Cuentas», valoró inicialmente el concejal popular y actualmente alcalde en funciones Juan Carlos Armas.

Pero en su informe, el organismo regional incluye otras cuestiones que, aunque no afectan a la valoración de la auditoría, sí han sido objeto de detenimiento por su parte. A lo largo de dieciséis apartados se alerta por ejemplo, en materia de empleo, de que el Ayuntamiento disponía en 2013 de un Relación de Puestos de Trabajo (RPT) «que cumple con los requisitos básicos exigidos por la normativa», aunque «para seis empleados públicos de la muestra analizada no consta la acreditación del cumplimiento de los requisitos de igualdad, mérito y capacidad».

Subraya además el documento que «dos funcionarios interinos fueron nombrados sin que consten cumplidos los mismos principios en el acceso al empleo público» y destaca el hecho de que el Consistorio «asumió en 2005 como propios doce empleados de una empresa privada adjudicataria de un contrato de gestión de servicio público», de los cuales «diez seguían en nómina de la entidad local» en el ejercicio estudiado. También se refleja que en el citado año «se concedieron tres anticipos a un mismo funcionario, vulnerando la normativa vigente».

Contratos

Respecto a los contratos, la Sindicatura se refiere concretamente a la gestión del servicio de agua y alcantarillado, «cuya recaudación se realiza en virtud de la fusión de dos contratos independientes, con distinto objeto, plazo de duración y fecha de inicio de la contratación». «Ello ha originado modificaciones contractuales sustanciales que solo tendrían cabida mediante la licitación y adjudicación de un nuevo contrato, previa resolución del anterior», especifica. Por otro lado, también se advierte en el informe definitivo que se ha detectado un «contrato de limpieza viaria correspondiente a una prórroga extemporánea de uno anterior, algo que carece de soporte legal».

El resumen del informe formula tres recomendaciones: «la disolución de la Agencia de Desarrollo Local Municipal, por funcionar como una oficina dentro del Ayuntamiento; el cierre de cuentas bancarias abiertas a nombre del Consistorio por otra persona distinta; y la promoción de concurrencia de las operaciones de crédito concertadas por entes del sector público».