El Comercio

Policías locales de Llanes valoran entregar sus armas «por miedo a que suceda una desgracia»

Los policías locales Eduardo Galán, de Usipa, y Joaquín Arroyo y Miguel Ángel Díaz Pacheco, del Sipla, durante la rueda de prensa que ofrecieron en la tarde de ayer en Llanes.
Los policías locales Eduardo Galán, de Usipa, y Joaquín Arroyo y Miguel Ángel Díaz Pacheco, del Sipla, durante la rueda de prensa que ofrecieron en la tarde de ayer en Llanes. / NEL ACEBAL
  • Usipa y el Sipla afirman que el conflicto entre el inspector y una parte de los agentes es «insostenible y peligroso» y puede desembocar en varias bajas laborales

El conflicto existente entre una parte de los agentes de la Policía Local de Llanes y el inspector Miguel Gómez López ha llegado a un punto de no retorno. Al menos eso es lo que se desprende de las declaraciones realizadas ayer por los representantes de los sindicatos Usipa y Sipla para valorar la situación generada tras los incidentes sucedidos la pasada semana y que están haciendo, según los sindicalistas, que algunos agentes estén valorando entregar el arma y darse de baja laboral «por miedo a que suceda una desgracia».

Para el Sipla la situación que se vive entre el jefe de la Policía y algunos de sus agentes «es insostenible y peligrosa». El sindicato policial, en palabras de su representante, Jacinto Arroyo, considera que el equipo de gobierno llanisco debe intervenir «de forma inmediata». «El ambiente laboral es insostenible y creemos que se debe a la mala gestión de la Policía Local», manifestaba ayer Arroyo, quien señalaba al inspector como el responsable, para el Sipla, de la actual situación. Arroyo añadía que el existente es un «conflicto laboral de personas que tienen armas y la primera medida cautelar que debería tomar el Ayuntamiento es la retirada de las armas a las dos partes implicadas, porque en unas dependencias policiales puede ocurrir cualquier cosa».

Para el del Sipla «es tal la tensión que existe que si no se toman medidas contra el inspector va a haber compañeros que van a entregar el arma y se darán de baja por miedo a que suceda una desgracia».

Hasta el momento solo se ha retirado el arma al agente con quien tuvo el enfrentamiento el inspector en la mañana del jueves y el Sipla reclama la misma medida para las dos partes implicadas. Y es que aquel día el policía amenazó, presuntamente, de muerte a su superior, lo que motivó que Gómez López decidiese acudir al juzgado a interponer una denuncia, además de dar parte al Consistorio. El Ayuntamiento ha abierto un expediente disciplinario para aclarar estos hechos.

Desde Usipa su representante en el Ayuntamiento y agente de la Policía Local, Eduardo Galán, avanzó que dan un «ultimátum al cuatripartito» para que solucione el actual conflicto existente, ya que advierten que, de lo contrario, podría volver a darse una «situación de bajas laborales como la del 2002», cuando varios agentes tuvieron que cesar temporalmente de sus funciones por motivos psicológicos y a dos se les dio la baja definitiva.

En aquel 2002 la plantilla de la Policía Local llanisca, según Usipa, estaba formada por 25 agentes, a los que en verano se sumaban otros 15 auxiliares de policía. En la actualidad integran el cuerpo 19 agentes, a los que este verano se sumaron otros cuatro de apoyo. Galán aseguró ayer que con el actual número de efectivos durante el pasado verano «no pudimos dar respuesta al 80% de los servicios» y la situación que vivió el cuerpo fue «caótica».

Usipa registró en la jornada del lunes dos escritos en el Ayuntamiento en los que manifestaban, en nombre del colectivo de trabajadores de la Policía Local, estar «sufriendo un acoso laboral por parte del jefe de la Policía y del equipo de gobierno al permitirlo, ser conocedores y no poner las medidas para evitarlo». Y solicitaban que se adoptasen las iniciativas urgentes para «evitar que el inspector continúe en su actitud de acoso y persecución hacia el colectivo de policías locales». Ese mismo día un grupo de agentes, entre los que estaban los representantes de Usipa y Sipla, se reunieron con miembros del equipo de gobierno y salieron del encuentro con la sensación de que los gobernantes se implicarán para dar solución a este conflicto.

Pese a ello el de Usipa se mostró crítico y apuntó una serie de carencias que tiene la Policía Local, como la ausencia del alcoholímetros o deficiencias en los uniformes que no se solucionan y desconoce si no se hace porque el jefe de la Policía no da parte al ejecutivo local o porque el gobierno municipal no las atiende. Entre los aspectos de los que consideran responsable al jefe está el hecho de que se realicen turnos de un solo agente en Posada, algo que no aseguran está permitido en la actualidad al estar España en el nivel 4 del estado de emergencia por la amenaza del terrorismo islámico.