Los arquitectos tildan de «grave problema» que Colunga no tenga un PGO actualizado

El Colegio de Arquitectos de Asturias sale al paso de las acusaciones del alcalde de Colunga, Rogelio Pando, quien les culpó de paralizar el Plan General de Ordenación (PGO) en mayo del 2015 al presentar un recurso contra el consistorio. Según advirtió Pando a EL COMERCIO el pasado 10 de noviembre, el Colegio de Arquitectos consideró que la contratación de los trabajos para la redacción del Plan General «no se ajustaba a derecho, vulneraba la legislación» y que el presupuesto de licitación, unos 85.000 euros incluido el IVA, «era insuficiente y podría ser considerado como competencia desleal».

Los arquitectos responden ahora al alcalde y califican de «grave problema que afecta a todos los ciudadanos» que Colunga no tenga un PGO actualizado y se ponen a su disposición para que el concejo pueda contar con un «Plan actualizado a los tiempos y pensado por y para sus ciudadanos».

Desde el Colegio de Arquitectos señalan que ya ha pasado «casi año y medio de los hechos», cuando denunciaron la contratación de la redacción del PGO, y que «hace más de diez años que el Ayuntamiento de Colunga está redactando el PGO». Por ello, consideran que «ha pasado tiempo suficiente para que el ayuntamiento hubiera puesto en marcha un nuevo procedimiento de licitación del Plan que se ajuste a la legalidad vigente y que no vulnere los derechos de los profesionales ni de los ciudadanos del concejo».

Subrayan así que «el Colegio no es responsable de la actual situación» y que el recurso presentado «se enmarcaba dentro de nuestra función social porque el procedimiento no reunía las garantías necesarias para que los vecinos contaran con el mejor PGO posible». Insisten en que el PGO entonces presentado proponía «un crecimiento excesivo e injustificado a los tiempos actuales». Entre las razones que les llevaron a ese recurso, desde el Colegio recuerdan que «los requisitos de acreditada solvencia técnica y profesional vulneraban los de libre concurrencia y participación en contratación pública, el precio de licitación era desproporcionado, sensiblemente inferior al propuesto en otros concejos similares.