El Comercio

El juzgado afirma que el Consistorio de Llanes carecía de base para suspender al jefe de la Policía

Un coche policial estacionado delante de las dependencias de la Policía Local de Llanes.
Un coche policial estacionado delante de las dependencias de la Policía Local de Llanes. / E. C.
  • Considera que la decisión del gobierno local fue de «extrema gravedad» al no existir «responsabilidad alguna» por parte del inspector apartado durante 77 días del trabajo

La decisión del Ayuntamiento de Llanes de suspender al jefe de la Policía Local y apartarlo de sus funciones carece de base suficiente. Así lo considera el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 1 de Oviedo, que acaba de emitir un auto judicial con fecha de 18 de enero en el que se pronuncia sobre estos hechos. El magistrado afirma que existe una «discordancia» de «extrema gravedad» entre la medida que adoptó el Consistorio frente a «la inexistencia final de responsabilidad alguna».

Este auto responde a una demanda presentada ante el citado juzgado por el propio afectado el 11 de octubre, cuatro días después de ser suspendido de sus funciones y un día más tarde de que el gobierno local apartase del servicio al agente que presuntamente había amenazado de muerte al propio inspector en la mañana del 29 de septiembre, algo que el jefe policial denunció en el juzgado de Llanes, además de dar parte al ejecutivo municipal.

El magistrado recuerda en este auto, al que ha tenido acceso EL COMERCIO, que el expediente disciplinario abierto por el Ayuntamiento «ha culminado sin declaración de responsabilidad alguna», por lo que le resulta «llamativa la discordancia entre la extrema gravedad de la decisión adoptada inicialmente con la inexistencia de responsabilidad alguna». Considera justificada la decisión del afectado de defenderse, pese a que la Administración local hubiese dejado ya sin efecto la suspensión, al tratarse de una «medida que a la postre se ha demostrado carente de una base suficiente».

El juzgado acuerda además «archivar las presentes actuaciones dando por terminado el procedimiento» e impone las costas del proceso al Ayuntamiento de Llanes. Da además un plazo de 15 días a las partes para recurrir esta decisión ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

Vista esta decisión judicial el jefe de la Policía Local de Llanes puede valorar interponer una demanda por responsabilidad patrimonial contra el Consistorio llanisco por daños irreparables a su actividad profesional e imagen pública. La suspensión durante 77 días también implicaba una serie de medidas económicas en sus ingresos laborales al estar el inspector apartado dos meses y medio de su trabajo, además de ser el máximo representante del cuerpo.

«Acoso laboral»

El último conflicto en el seno de la Policía Local de Llanes tuvo lugar el pasado otoño. Comenzó el 29 de septiembre con las presuntas amenazas de muerte de un agente a su superior. Los días 3 y 4 un grupo de policías afiliados a los sindicatos Usipa y Sipla presentan varios escritos en los que, según consta en la denuncia, se habla de que perciben un «trato discriminatorio con (respecto al) resto de trabajadores municipales por parte del equipo de gobierno de este Ayuntamiento» refiriéndose a cuestiones de uniformidad, ausencia de prácticas de tiro, turnos de un solo agente. También manifestaba el escrito presentado por Usipa, según consta en la demanda, que «el balance de este año y medio del nuevo gobierno municipal, en cuanto a las demandas planteadas por los policías locales para mejorar el servicio de atención ciudadana, es lamentable». También aseguran en que «el colectivo de trabajadores de la Policía Local está claramente sufriendo un acoso laboral por parte del jefe de la Policía y del equipo de gobierno».

En un segundo escrito, registrado el 4 de octubre, denuncian, según figura en la demanda, «descontrol y falta de organización en las dependencias del cuerpo, lo que está afectando al buen desarrollo del servicio» y solicitan «la apertura de un expediente informativo o como se determine oportuno para depurar las responsabilidades de la mala gestión por parte del jefe». Ese mismo día representantes de Usipa y el Sipla, entre los que se encontraba el agente que amenazó presuntamente de muerte a su superior y que fue apartado el 10 de octubre de su puesto laboral por «desobediencia jerárquica», ofrecieron una rueda de prensa en la Casa de Cultura en la que anunciaron que varios agentes valoraban entregar el arma reglamentaria «por miedo a que ocurra una desgracia», dado el clima de tensión que se vivía en este cuerpo

El 6 de octubre el concejal de Personal solicita al inspector que emita un informe indicando si los hechos denunciados son ciertos. En la demanda presentada ante el juzgado ovetense se indica que «no consta que se efectuara medida de averiguación distinta de la mera consulta a dicho empleado público».

Al día siguiente, el 7 de octubre, se emite la resolución de la Alcaldía en la que se suspende de forma provisional al inspector argumentando que la medida se adopta por resultar «prioritario el restablecimiento del normal funcionamiento de este servicio». Tres días más tarde el gobierno local impone la misma sanción al agente que presuntamente amenazó a su superior de muerte. El 22 de diciembre la alcaldesa en funciones, emite una resolución por la que se archivan los dos expedientes disciplinarios. En el caso del inspector se indica además en esta resolución que «no existe responsabilidad disciplinaria alguna», y se acuerda además computar como servicio activo el tiempo de las suspensión y reconocer sus derechos económicos correspondientes al tiempo que ha estado apartado del servicio.

En la demanda presentada por el inspector se indica además que en Asturias es la primera vez que se suspende a un jefe de la Policía Local por una cuestión administrativa. Afirma el escrito que, hasta ahora, los ayuntamientos que habían adoptado una medida similar lo habían hecho como «consecuencia de hechos que tenían su origen en comportamientos de naturaleza penal».

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