El Comercio

«El juicio de San Antolín no debió celebrarse» dicen los encausados

  • Tanto Marotías como sus compañeros, el concejal Alfonso Miyares, el interventor municipal de Orihuela, Fernando Urruticoechea, y los vecinos Julio César Alonso y Juan Cigarría insisten en un texto en valorar de forma «negativa» la sentencia

«El juicio de San Antolín nunca debió celebrarse». Es lo que aseveraron ayer los cinco encausados a través de un comunicado donde analizan la sentencia del mismo, por la que cuatro fueron absueltos y uno de ellos, el secretario general de CCOO en el Oriente, Rogelio Marotías, fue declarado culpable de un delito leve de daños.

Tanto Marotías como sus compañeros, el concejal Alfonso Miyares, el interventor municipal de Orihuela, Fernando Urruticoechea, y los vecinos Julio César Alonso y Juan Cigarría insisten en el texto en valorar de forma «negativa» la sentencia. Primero, reiteran, «porque ese juicio nunca debió celebrarse y después, por ser una ocasión perdida para que legalmente se apoyase la existencia de un camino público, consagrado por el uso y que siempre fue de libre acceso al monasterio. Una decisión de este tipo habría facilitado, sin duda, el clamor ciudadano en favor de la titularidad pública del Monasterio de San Antolín de Bedón», señalan.

En el documento también explican cómo asistieron, «estupefactos», a una vista oral donde la propiedad de la finca donde se aloja el conjunto hizo una serie de afirmaciones que, para ellos, «no son ciertas». Y durante el mismo juicio, agregan, su defensa «aportó pruebas que demostraban, con toda claridad», su postura. Así, insisten en que «el monasterio forma parte del Camino de Santiago, según consta en el Decreto 63/2006 por el que se fija y delimita el Conjunto Histórico del Camino de Santiago en el Principado». Cuestionan también que el titular de los terrenos sea realmente su propietario, señalan que «no es cierto que la finca estuviese cerrada desde el año 2000, pues hay pruebas de se celebraron en su interior eventos multitudinarios» y reiteran que «la titularidad de la iglesia es estatal, según el Registro de la Propiedad de Llanes».

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