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LUCÍA RAMOS
LLANES.
Viernes, 8 de septiembre 2017, 04:29
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Para la Plataforma de Amigos de San Antolín de Bedón la titularidad de la iglesia del mismo nombre siempre estuvo clara: «es propiedad del Estado y nunca dejó de serlo». No obstante, tras el duro varapalo que supuso un informe emitido a principios de año por la Dirección General de Patrimonio del Estado en respuesta a la entidad, sus componentes aguardan a que sea la propiedad de la finca donde se ubica el monumento quien dé el siguiente paso para tratar de demostrar que la edificación le pertenece, y echan de menos «un posicionamiento claro por parte del Principado».
En su respuesta, recordaba ayer el profesor de la Universidad de Oviedo y miembro de la plataforma Juan Carlos Villaverde, el Ministerio de Hacienda apuntaba a una titularidad privada del templo y cerraba la puerta a futuros recursos al respecto ante los tribunales. «El Estado se inhibe porque dice que hay alguien que reclama la propiedad y le pasa la pelota, luego vamos a ver qué dice ese alguien», manifestaba el profesor, quien ve «una dejación grave» en el comportamiento del Ejecutivo central.
Villaverde fue más allá y se refirió a la argumentación aportada por el Estado en su respuesta a los Amigos de San Antolín de Bedón como «alucinante, sobre todo teniendo en cuenta el detallado informe que se remitió desde la Delegación del Gobierno en Asturias. Se trata del dossier más completo y con mayor número de datos en relación a la iglesia que existe a día de hoy», aseveró. E insistió en que, «leyendo dicho informe y teniendo un poco de sentido común, no hace falta ser ningún experto para dilucidar que el monumento siempre fue del Estado».
En este sentido, el profesor destacó como dato positivo el hecho de que «la titularidad de San Antolín esté ahora mismo en términos jurídicos» y se mostró confiado en que tarde o temprano la Justicia les dé la razón a él y sus compañeros ratificando que la iglesia románica del siglo XIII, catalogada por el Estado como Monumento Nacional y por el Principado como Bien de Interés Cultural (BIC), es efectivamente pública. No obstante, reconoció también su temor a que «el asunto se complique hasta el infinito», pues, para él, la entrada de intereses políticos en el conflicto supuso «un embrollo que no deja de crecer».
No obstante, desde la plataforma consideran que «el Principado algo tendrá que decir» acerca de la titularidad de la iglesia y confían en que el Gobierno regional «se posicione de forma oficial, pues se trata de un BIC». En este sentido, saben que la edil de Cultura llanisca, Marisa Elviro, mantuvo recientemente una conversación al respecto con el consejero del mismo ramo, Genaro Alonso, pero aseveran desconocer «cuáles son los planes del Ejecutivo asturiano para San Antolín».
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