Un cambio en la normativa de FP pone en peligro al profesorado de El Prial

Dos docentes con más de veinte años carrera han visto denegada su acreditación para seguir impartiendo clase y podría haber otros dos afectados más

L. RAMOS INFIESTO.

Preocupación en el Centro de Formación Profesional Específica El Prial de Infiesto ante la posibilidad de perder a cuatro de sus profesores más veteranos. Dos de ellos ven peligrar su puesto después de que la Consejería de Educación les denegase la acreditación que les permitiría seguir impartiendo clase como llevan haciendo más de veinte años. En el centro temen que en próximos meses otros dos docentes se vean en la misma situación.

El origen del problema se remonta a 2015, cuando el Ciclo de Formación Profesional de Madera y Mueble de El Prial pasó de LOGSE a LOE y el profesorado del centro consultó con sindicatos e Inspección Educativa si la resolución dictada en 2013 por el Principado en la que se desarrollan los requisitos para impartir docencia en FP de centros privados y el procedimiento para su reconocimiento les afectaba. «Ambos nos dijeron que no era necesario que solicitásemos ninguna acreditación», relataba ayer a este diario una de las afectadas. Efectivamente, la propia resolución señala, en su disposición transitoria primera, que «los requisitos de titulación establecidos en la misma, para la impartición de los diferentes niveles educativos, no afectará al profesorado que esté prestando sus servicios en centros docentes según lo dispuesto en la legislación aplicable en relación a las plazas que se encuentren ocupando».

Sin embargo, dos meses después llegaba a El Prial un informe del mismo servicio en el que se instaba a los docentes a «solicitar dicha acreditación en el caso de no haberla solicitado ya». «Nos resultó extraño, así que consultamos al respecto con la propia Inspección y nos indicaron que no iba a suponer ningún problema para nosotros», indicó la profesora piloñesa.

La realidad, sin embargo, fue muy diferente, y en septiembre de 2016 uno de los profesores veía cómo le era denegada dicha acreditación, situación que se repitió un año después con otra compañera que, además, cuenta con «una habilitación expresa de la consejería de 2009 por cumplir requisitos de titulación para impartir los módulos -asignaturas- de la formación».

El primero de los afectados interpuso un recurso de reposición que fue desestimado y, a continuación, acudió al Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), cuya sentencia volvió a desestimar el recurso del profesor, encontrándose el caso ahora mismo en manos del Tribunal Supremo.

En la sentencia del TSJA, a la que ha tenido acceso EL COMERCIO, se indica que «resulta que el recurrente se sometió voluntariamente al procedimiento, lo que resulta incompatible con la petición actual de exoneración del mismo o que se convalide su titulación, con base en una normativa que no ha sido objeto de aplicación en la resolución recurrida». Algo que los afectados niegan, pues recuerdan que fue a instancia del Servicio de Inspección Educativa que realizaron tal solicitud. De hecho, la misma sentencia reconoce este punto.

«No entendemos esta contradicción», lamentó la segunda afectada, quien también interpuso un recurso de reposición en octubre de 2017 por el que todavía no recibió respuesta. «Llevamos más de veinte años impartiendo esta formación que prácticamente no cambió y ahora podemos quedarnos en la calle», criticó.

Contenido Patrocinado

Fotos

Vídeos