Caravia, Ribadesella y los pescadores aúnan fuerzas contra la mejillonera

Pescadores riosellanos reunidos ayer en la rula con Dimas García, tercero por la izquierda, Salomé Samartino y Charo Fernández. / NEL ACEBAL
Pescadores riosellanos reunidos ayer en la rula con Dimas García, tercero por la izquierda, Salomé Samartino y Charo Fernández. / NEL ACEBAL

Ayuntamientos y la Federación de Cofradías recurrirán al propio presidente del Principado para exigir el estudio de impacto ambiental

GLORIA POMARADA RIBADESELLA.

La postura respecto a la instalación de una mejillonera frente a la costa de Caravia es unánime e inamovible: tanto el ayuntamiento del concejo como Ribadesella y la Federación de Cofradías de Pescadores de Asturias reafirmaron ayer en una reunión celebrada en la villa riosellana la exigencia de un estudio de impacto ambiental a la sociedad Mar Abierto S.L. Después del silencio que, dicen, ha mantenido la consejería de Medio Ambiente desde que en diciembre de 2016 presentasen alegaciones al proyecto, las partes afectadas por la planta de cultivo de moluscos bivalvos han decidido apelar de forma conjunta al propio presidente del Principado, Javier Fernández, al que piden una reunión urgente.

Así lo anunciaron ayer el presidente de la Federación de Cofradías, Dimas García, y las alcaldesas de Ribadesella y Caravia, Charo Fernández y Salomé Samartino. «No pueden ir en contra de todos los pescadores», señaló García. Se da la circunstancia de que la única cofradía de Asturias que no está integrada en la asociación es la llastrina. No obstante, indicaron alcaldesas y pescadores, en el seno de la entidad de Lastres «no todos los pescadores» estarían a favor de la planta de cultivo.

«No queremos mejillonera hasta que no haya un estudio de impacto ambiental», insistió el presidente de los pescadores asturianos, colectivo que teme que la introducción de la especie repercuta en las capturas.

La primera demanda del estudio de impacto ambiental se remonta un año atrás y, en este tiempo, los consistorios y los pescadores se han cansado de esperar. Hace ya doce meses que presentaron alegaciones al proyecto de la planta de cultivo de 36 hectáreas, promovida por dos empresas gallegas -Barlovento y Plásticos Ferro- la asturiana Coemastur y la cofradía de pescadores de Lastres y, por el momento, dicen, no han recibido respuesta. El paso dado por el Principado, hasta la fecha sin resultados, fue el de solicitar en junio el estudio de impacto ambiental. No obstante, el pasado 28 de diciembre el asunto adquiría un nuevo cariz. El consejero Fernando Lastra, en una reunión celebrada con miembros de la cofradía de Lastres y representantes del Ayuntamiento de Colunga, se comprometía, según explicaron entonces sus interlocutores, a «revisar» el proceso. De este modo, una vez presentadas las pertinentes alegaciones por parte de Mar Abierto contra la solicitud del estudio, el proyecto podría volver a pasar por el Consejo de Medio Ambiente.

«Acabaron con la pesca»

«No estamos pidiendo nada que a nosotros no nos exijan», recordaron las regidoras de Ribadesella y Caravia. Ambas lamentan que en ningún momento la sociedad promotora se haya puesto en contacto con los ayuntamientos que representan, a pesar de que los dos concejos defienden que se verían afectados por la planta. En el caso de Caravia, Samartino señala que podría repercutir negativamente en materia turística y, en Ribadesella, Fernández apunta tanto al turismo como al impacto en la cofradía local de pescadores, integrada por 22 profesionales. «Ahora que los ayuntamientos nos tenemos que hacer cargo de la limpieza de las playas a ver qué hacemos si nos empiezan a llegar tubos de plástico de once metros», lamentó Fernández. Por ello, exigen un estudio «riguroso» que prevea «todos los riesgos posibles».

En el momento de la presentación del proyecto, Mar Abierto había incluido un informe en el que defendían que el impacto de la mejillonera era «nulo». Dicho documento «no es ni de un chaval de bachillerato», indicó la regidora riosellana. Tampoco la comparación trazada desde la empresa con otras mejilloneras convence a la parte contraria. «Dicen de País Vasco, pero allí lo que están haciendo son unos estudios sobre el mejillón», defendió García, que recordó experiencias en plantas como la de Vélez- Málaga, en la que «acabaron con la pesca». «Es privatizar una zona del mar que es de todos», afirmó Fernández.

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