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LUCÍA RAMOS
CANGAS DE ONÍS.
Viernes, 29 de septiembre 2017, 04:19
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Giro de 180 grados en el proceso de disolución iniciado hace cerca de cinco años en la Mancomunidad del Oriente. El alcalde de Peñamellera Baja, el popular José Manuel Fernández, sorprendió ayer a los regidores y representantes municipales que acudieron al Pleno de la entidad al proponer que en próximas reuniones «haya una seria reflexión acerca de la posibilidad de detener la disolución de la Mancomunidad y retomar su actividad».
Si bien la idea planteada por el regidor peñamellerano fue acogida en un primer momento con asombro por los presentes, a medida que éste desgranó sus razones para proponer que se vuelva a dotar de contenido a la entidad más de uno terminó dándole la razón. Así, Fernández criticó que él y sus compañeros lleven «cerca de cinco años inmersos en un proceso de disolución que nunca termina» e indicó que «desde se acordó terminar con la Mancomunidad la situación de la zona y de los concejos cambió notablemente».
El presidente de la entidad y alcalde de Parres, el socialista Emilio García Longo, recordó que «hubo un acuerdo unánime para iniciar la disolución», aunque aseveró que, por su parte, «no hay ningún problema» para estudiar la Mancomunidad del Oriente. En este punto, el regidor de Peñamellera Baja aclaró que su propuesta se refiere a «un ejercicio de reflexión, no a hacer ya mismo una votación».
El alcalde de Onís, el socialista José Manuel Abeledo, reconoció que «los concejos pequeños estamos fastidiados en algunos temas como la promoción turística, los planes de empleo y el plan de residuos, por ejemplo, y sería interesante poder mancomunar ese tipo de servicios». La regidora riosellana, la forista Charo Fernández Román, por su parte, criticó que «en pleno proceso de disolución se sigan pagando las cuotas, incluso éstas aumenten, y encima no se vea ningún resultado».
Otro de los aspectos abordados durante el Pleno fue el estado del conflicto existente con la dirección del matadero comarcal, ubicado en Margolles. «El proceso judicial para cerrar el macelo está próximo a concluir y si los actuales gestores no se van, se hará lo que se tenga que hacer», en referencia a un posible desalojo forzoso. También se aprobaron las cuentas del pasado ejercicio, cuando la entidad contó con un presupuesto de 128.712 euros.
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