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G. POMARADA
CARREÑA.
Miércoles, 13 de junio 2018, 00:17
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Los requisitos urbanísticos para implantar nuevas queserías en Cabrales están desde ayer más adaptados a la realidad del concejo. Tras más de cinco años de trámites encaminados a modificar las normas subsidiarias del municipio, el Boletín del Principado (BOPA) publicaba la aprobación definitiva, por parte de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias (CUOTA), de las nuevas condiciones urbanísticas aplicables a la ganadería extensiva y a los almacenes e industrias de transformación. Así, la modificación de las normas urbanísticas que suplen al Plan General de Ordenación (PGO) introducen variaciones como la exigencia de disponer de una parcela de, al menos, tres mil metros cuadrados para el conjunto de instalaciones ganaderas de agricultura extensiva. En la normativa previa, las instalaciones de no más de 300 metros cuadrados de superficie tenían que construirse en suelo urbano o, si era rural, sobre una finca de al menos 10.000 metros cuadrados.
«Se trata de ayudar a las queserías, que puedan tener facilidades», explicó el regidor cabraliego, Francisco González (PP) sobre la medida. No obstante, en el Ayuntamiento «no hay perspectivas» de emprendedores que vayan a beneficiarse de inmediato de la modificación, al carecer por el momento de solicitudes cursadas.
La modificación de las normas subsidiaras de Cabrales para facilitar la implantación de nuevas queserías comenzó su andadura en 2013, cuando el pleno del Consistorio, entonces presidido por Carlos Puente (Foro), dio luz verde a la iniciativa. La motivación para emprender el cambio respondía en aquel momento a un desprendimiento registrado en 2012 en Llambrías y que inhabilitó varias queserías. Cuando uno de los empresarios trató de abrir una nueva se topó con las trabas en materia urbanística.
La «rapidez» de aquella modificación, dada la urgencia de devolver a los queseros afectados su espacio de actividad, hizo que el documento incluyese «defectos de forma», explicaron en otoño de 2016 desde el Ayuntamiento, días después de que la justicia tumbase las normas urbanísticas.
Meses después, en febrero de 2017, el Consistorio iniciaba de nuevo la tramitación. De este modo, la cuestión llegaba a la sesión plenaria del pasado abril, cuando la corporación dio luz verde a la modificación puntual de la regulación urbanística en materia de ganadería extensiva y almacenes e industrias de transformación. Un mes después, el 10 de mayo, la Permanente de la CUOTA adoptaba su aprobación definitiva, la misma que ayer incluía el BOPA. Desde hoy y en un plazo de dos meses, los particulares y administraciones legitimadas podrán interponer recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo.
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