La envenenadora del hospital de Arriondas acepta 18 meses de cárcel

La mujer, que era técnico de laboratorio en el hospital de Arriondas cuando se produjeron los hechos, mantuvo en el juicio un gesto compungido, sin parar de llorar. /  ÁLEX PIÑA
La mujer, que era técnico de laboratorio en el hospital de Arriondas cuando se produjeron los hechos, mantuvo en el juicio un gesto compungido, sin parar de llorar. / ÁLEX PIÑA

Llegó a un acuerdo después de tres horas de juicio. La condenada, que sufre un trastorno mental, se limitó a reconocer su culpabilidad

GLORIA POMARADA OVIEDO.

Trató de envenenar a dos de sus compañeros mientras ejercía como técnico de laboratorio y por ello afronta ahora una pena de prisión de año y medio. El caso de contaminación de botellas de agua mediante sangre, vinagre y ácido clorhídrico, registrado en 2015 en el Hospital Grande Covián, llegó ayer al juzgado de lo Penal número 2 de Oviedo, donde se vivió un desenlace inesperado. Tras más de tres horas de juicio y la declaración de siete personas, el abogado de la acusada aprovechó el receso de la vista oral para plantear una conformidad a las partes. Habitualmente, el acuerdo se formaliza en el momento previo al inicio del juicio y no superado el ecuador del mismo, como sucedió ayer con la extrabajadora del hospital de Arriondas. «No es habitual», reconocieron fuentes del caso, si bien recordaron que la ley recoge ese supuesto.

La conformidad alcanzada por defensa, acusación y Fiscalía se tradujo en una rebaja de la pena de cárcel solicitada inicialmente para la mujer, C. N. C., que era de cuatro años en el caso del ministerio fiscal y de cinco por parte de la acusación. La condena pasa ahora a 18 meses de prisión, 6.000 euros de indemnización a cada una de las dos víctimas -la cuantía monetaria no varía- y la prohibición de acercarse a menos de 150 metros o de comunicarse por cualquier medio con sus dos excompañeros, así como el pago de las costas judiciales.

La acusada aceptó la condena y reconoció los hechos con una escueta afirmación, un 'sí' que fue la única palabra que pronunció en la vista oral. De hecho, y como venía haciendo desde su detención en octubre de 2015, la condenada se acogió a su derecho a no declarar. Al inicio del juicio, su abogado presentó una serie de documentos de carácter médico en los que «se acredita un trastorno mental» de la extécnico de laboratorio, según explicó el propio letrado.

La enfermedad, añadió, «se mantiene en el momento presente y tiene la siguiente cita con psiquiatría en marzo». El abogado precisó, además, que la mujer, vecina de Arriondas en el momento de los hechos, no está siendo atendida en el área sanitaria VI. La defensa presentó también documentos relativos a una supuesta «carga de trabajo desmedida» en el hospital en el momento de los hechos, cuando «explota» la patología de la mujer. En todo caso, los aspectos de índole laboral no fueron estimados por la jueza.

Un «rifirrafe»

Por su parte, tanto las dos víctimas, un hombre y una mujer técnicos del laboratorio, así como otros tres trabajadores de la misma área señalaron la existencia de una relación «cordial» con C. N. C. Solo el hombre afectado reconoció haber mantenido «un rifirrafe» con ella a consecuencia de una analítica que «no estaba cuando la vinieron a buscar».

Después de ese «intercambio de opiniones» a finales de abril de 2015, indicó la víctima, «apareció la primera botella». «La dejé en la nevera a las tres de la tarde y cuando a la mañana siguiente fui a tomar un sorbo noté acidez y amargor y un olor pestilente», relató.

Una docena de botellas

En el caso de la otra afectada, la primera botella contaminada se remonta al mes de marzo. «Cuando tomé el agua noté un sabor ácido y la escupí», detalló. Así fueron apareciendo hasta una docena de botellas contaminadas, hasta que el 5 de octubre de 2015 se presentó denuncia ante la Guardia Civil al no obtener una solución por parte de la gerencia del hospital, explicaron. Fue entonces cuando la Unidad Central Operativa (UCO) del instituto armado instaló una cámara oculta en el laboratorio. Los dos agentes de la Policía Judicial de Llanes que ayer testificaron coincidieron en señalar que en las imágenes se aprecia como la condenada «inyecta una jeringuilla en la botella de su compañera, la agita y la deja en el mismo lugar».

Durante la instrucción del caso, uno de los móviles apuntados había sido el de un supuesto ascenso frustrado de C. N. C., que recayó en la compañera a la que trató de envenenar. La entonces jefa del servicio de laboratorio, que optó por la mujer en cuyas botellas C. N. C. inyectó distintas sustancias por ser «un puesto de libre designación», declaró ayer en sede judicial que entre las dos personas que barajaba para el puesto de coordinación en ningún momento estuvo incluida la condenada, que ya ha abonado las indemnizaciones.

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