El exalcalde de Piloña Camilo Montes acepta 15 meses de cárcel por prevaricar

Camilo Montes en un Pleno de la pasada legislatura en el Ayuntamiento de Piloña. / E. C.
Camilo Montes en un Pleno de la pasada legislatura en el Ayuntamiento de Piloña. / E. C.

Incumplió los procedimientos con el objetivo de que dos obras realizadas en el concejo fuesen costeadas con subvenciones del Principado

TERRY BASTERRA INFIESTO.

Camilo Montes ha aceptado una pena de 15 meses de cárcel como autor de un delito de prevaricación y otro de inducción a la falsedad documental, por dos hechos que tuvieron lugar en 2009 y 2010. En aquellos años Montes era alcalde del concejo de Piloña por el Partido Socialista, formación de la que fue expulsado a principios de 2011 tras conocerse su decisión de presentarse a los siguientes comicios municipales como candidato a la Alcaldía piloñesa por IU.

La Fiscalía del Principado de Asturias y los abogados de los tres acusados -junto a Montes también estaban imputados el exarquitecto municipal y la administradora de la empresa constructora Sardalla- llegaron en la mañana de ayer a un acuerdo. Montes pactó una pena de 15 meses de cárcel, en lugar de los tres años que solicitaba para él inicialmente el Ministerio Público, además de una multa de 900 euros y 6 años de inhabilitación especial para ejercer cargo público en una entidad local.

En el caso del segundo acusado, también aceptó idéntica pena, salvo para la inhabilitación, que para él se reduce a un año pero afecta también al desempeño de empleo público.

Por su parte la defensa de la representante de la empresa constructora acordó con la Fiscalía una condena de 3 meses de prisión, además de los 900 euros de multa y un año de inhabilitación para ejercer cargo o empleo público.

Las actuaciones por las que se investigó y condenó a estas personas son las siguientes. La primera de ellas fue la rehabilitación de la casa-escuela de San Miguel. Montes y el exarquitecto buscaron una fórmula para justificar que aquellos trabajos podían ser costeados con una subvención de la Administración regional, pese a que eran conscientes de que incumplían los requisitos necesarios para optar a ella. Presentaron ante el Principado facturas de estos trabajos, adjudicados a Sardalla, como si ya hubiesen sido finalizados, cuando en realidad ni si quiera habían comenzado. De esta manera consiguieron la subvención solicitada, pese a incumplir el procedimiento reglamentario para optar a la misma y presentar facturas de unas obras que no se había realizado aún. El presupuesto de esta actuación ascendió a 231.772 euros.

ARI de Sevares

El segundo de los casos es el que afectó a la anualidad de 2010 de las obras correspondientes al ARI de Sevares. Aquí también los acusados buscaban justificar una subvención del Principado para poder cobrarla, pese a saber de antemano que no se reunían los requisitos para beneficiarse de ella. Para ello el exalcalde y el exarquitecto adjudicaron de forma directa, y saltándose cualquier procedimiento, los trabajos de urbanización del núcleo de Sevares de Arriba y sus barrios a la empresa Sardalla, con la condición de que los trabajos «se ejecutasen de forma inmediata».

Aquel ARI preveía un gasto de medio millón de euros, de los que el Principado subvencionó 300.000 euros, 100.000 por cada uno de los tres años en los que se dividieron estas obras.

La Fiscalía comunicó ayer que no se opone a la concesión del beneficio de suspensión de la condena para los acusados, al carecer estos de delitos previos de naturaleza similar y no existir posibilidad de cometer acciones de estas características. El Ministerio Público y las defensas han redactado un escrito de conformidad que ratificaron en la mañana de ayer para presentarlo ante la sección segunda de la Audiencia Provincial de Oviedo.

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