El exarquitecto de Llanes niega en el juicio «órdenes» para «acelerar» el Kaype

El exarquitecto municipal de Llanes en la primera sesión del juicio por el 'caso Kaype'. / PABLO LORENZANA
El exarquitecto municipal de Llanes en la primera sesión del juicio por el 'caso Kaype'. / PABLO LORENZANA

El único acusado por la presunta prevaricación en la ampliación del hotel se declara inocente y señala que «la predisposición» al proyecto «era social»

GLORIA POMARADA OVIEDO.

El exarquitecto municipal de Llanes, A. R. N., se sentó ayer en el banquillo de los acusados del juzgado de lo penal número 2 de Oviedo por un presunto delito de prevaricación urbanística en el 'caso Kaype'. El que fuese trabajador interino del Ayuntamiento entre 2006 y 2014 se declaró inocente en la primera de las sesiones fijadas para esclarecer su responsabilidad en la ampliación del hotel y rechazó ante la jueza haber recibido «órdenes de nadie» en relación al proyecto. «Nadie me hizo ninguna indicación para acelerar nada», respondió a preguntas del abogado del Ayuntamiento llanisco, personado en la causa como acusación particular. También la Asociación de Vecinos y Amigos de Llanes (Avall) está personada en la causa, pero como acusación popular. A. R. N. se enfrenta a una pena de cárcel de dos años y medio, otros diez de inhabilitación para empleo o cargo público y 13.500 euros de multa, tal y como solicita la Fiscalía.

El exempleado público, único acusado de las siete personas investigadas por el 'caso Kaype', defendió en la vista oral que «la predisposición» hacia el proyecto de ampliación del establecimiento hotelero de Barro «era social», pues en el momento de la solicitud de las licencias -año 2012- «era la mayor inversión en el concejo». «Era vox populi a nivel de calle el interés de empleo y futuro para Llanes», afirmó A. R. N.

La defensa desvinculó, además, la supuesta relación entre los «pluses productivos» recibidos por el acusado y el 'caso Kaype'. «Es falso, se lo inventaron quienes querían emponzoñar», indicó. La cantidad percibida, explicó, fue «de 20.000 euros» en cuatro pagos de 5.000 euros en concepto del «trabajo que hacía desde 2011 relacionado con la redacción del plan general de ordenación (PGO) de Llanes», una labor que dijo compatibilizar con la de arquitecto municipal, pues «lo hacía por las tardes y en mi tiempo libre». Esa relación se mantuvo hasta junio de 2014, momento de su jubilación. «No llegó a 900 euros de media al mes», dijo. Por la redacción inicial del documento urbanístico, afirmó, «una empresa cobraría 400.000 euros».

«Cuando ya estaba jubilado», relató, se hizo con la adjudicación de los trabajos de dirección del plan. «Hubo un concurso al que se presentaron tres personas y mi propuesta fue la económicamente más favorable», relató ante la jueza. Rechazó, además, que el precio fijado fuesen 60.000 euros. «Eran cincuenta y pico mil», cantidad que explicó no haber llegado a cobrar, al ser desestimado el documento de ordenación por los tribunales.

Razones de «funcionalidad»

En el plano meramente urbanístico, dos informes firmados por el acusado centraron ayer la primera sesión del juicio: el primero emitido el 25 de junio de 2012 y un segundo, del 30 de agosto del mismo año, que «corregía la edificabilidad media» respecto a los 0,629 metros cuadrados iniciales. Entiende la Fiscalía que el exarquitecto municipal «atribuyó una edificabilidad media muy superior a la que hubiese resultado de actuar conforme a los propios principios que establecía en su informe, esto es, datos catastrales». Por su parte, A.R. N. indicó durante la vista que sí utilizó «los datos del catastro donde eran ciertos» y que fue la CUOTA la que se «equivocó», pues el catastro «no incluía lo que se había parcelado en 2010». Hasta 2014, dijo, no fue actualizado.

Ayer estaba llamado a declarar en calidad de testigo el secretario general de la CUOTA, José Antonio Cullía de la Maza, quien defendió que «el Ayuntamiento utilizó un criterio extensivo en la edificabilidad».

Otra de las presuntas irregularidades abordadas fue la agrupación de parcelas, concretamente la correspondiente al edificio del hotel Kaype y dos colindantes, donde posteriormente se levantó la ampliación. Para el exarquitecto, esas dos parcelas «se utilizaban como aparcamiento y eran tan hotel como la edificada», por lo que las consideró «suelo urbano consolidado por tener los mismos servicios». No obstante, reconoció, «urbanísticamente no era necesaria la agrupación». El motivo por el cual se inclinó por esa agrupación parcelaria fue «de funcionalidad», pues suponía «un beneficio» tanto para «el Ayuntamiento y la propiedad» como para «la sociedad». «Sería cómico que en la ampliación la nevera quedase en una parcela y el fregadero en otra», ejemplificó.

«Complejidad jurídica»

«Agrupar las parcelas sería perjudicial para el Ayuntamiento y beneficioso para la propiedad», consideró por su parte el secretario general de la CUOTA, quien señaló no haber visto «nunca un ámbito homogéneo como el marcado» por el exarquitecto del Ayuntamiento de Llanes. No obstante, Cullía apuntó también a la «complejidad jurídica y urbanística» del caso debido a la ausencia de PGO.

Para el ministerio público, como resultado de ese «plan preconcebido y en base a los informes del funcionario se concedió primero la licencia de agrupación y, después, la licencia de obras para ampliación». Ambas fueron declaradas nulas por los tribunales y la ampliación derruida el pasado año. La empresa del Kaype solicita ahora al Ayuntamiento de Llanes una indemnización de 18 millones de euros.

Está previsto que el lunes se celebre la segunda de las sesiones del juicio, en la que declararán como testigos la entonces alcaldesa y actual diputada regional, Dolores Álvarez Campillo, y José Herrero, su teniente de alcalde y edil de Urbanismo y actual secretario general del PSOE llanisco, cuyas causas fueron sobreseídas en 2016 por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).

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