El exarquitecto municipal de Llanes, absuelto en el juicio por la ampliación del Kaype

El exarquitecto municipal de Llanes, absuelto en el juicio por la ampliación del Kaype
A. R. N., a su llegada a los juzgados ovetenses, el pasado 2 de marzo. / PABLO LORENZANA
Llanes

La jueza considera que «no cabe concluir que el acusado tuviera conciencia de obrar de forma injusta y en contra de la legalidad»

LUCÍA RAMOS LLANES.

El exarquitecto municipal de Llanes, A. R. N., no actúo mal a sabiendas en el caso de la ampliación ilegal del hotel Kaype, ubicado en la localidad Barro. Es lo que considera la titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Oviedo, donde comenzaba hace dos semanas la vista oral para tratar de dilucidar cuál había sido la responsabilidad de este profesional en las citadas obras. La magistrada, quien necesitó apenas diez días para dictar sentencia, ha decidido absolver al acusado del cargo de prevaricación urbanística que le imputaba la Fiscalía.

Tras analizar minuciosamente toda la documentación aportada por las partes, así como escuchar con atención las declaraciones tanto del exarquitecto municipal llanisco como de los diferentes testigos, la titular del juzgado considera «no ha quedado acreditado el elemento subjetivo del injusto», algo necesario para poder considerar a alguien culpable de prevaricar. «No cabe concluir que el acusado tuviera conciencia de obrar de forma injusta y en contra de la legalidad, sino que su actuar obedeció a su peculiar interpretación de la normativa urbanística vigente en Llanes, de especial complejidad, en atención a la inexistencia de Plan General de Ordenación Urbana (PGO) tras su declaración de nulidad por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) y su posterior confirmación por el Tribunal Supremo, sin que pese al transcurso del tiempo haya sido elaborado un nuevo PGO».

Una «complejidad» a la que la jueza alude en numerosas ocasiones a lo largo del escrito y a la que también se hizo referencia durante la celebración de la vista oral por parte de varios de los declarantes. Precisamente, la magistrada señala que «tal número y entidad de cuestiones controvertidas y susceptibles de diversas interpretaciones impide que sea posible apreciar la concurrencia del elemento normativo».

La Fiscalía estudiará la posibilidad de recurrir la sentencia dictada por la titular del juzgado

En relación a los informes emitidos por A. R. N., la titular del juzgado reconoce que «pudiera plantearse cuestión relativa a su falta de competencia para la emisión de informe sobre determinación del coeficiente de edificabilidad. Sin embargo, no consta en autos resolución definitiva que ponga fin al referido expediente, sino únicamente los dos informes emitidos por el acusado, de 25 de junio y de 30 de agosto de 2012, que carecen de carácter vinculante sin la posterior corroboración o aprobación mediante oportuna resolución dictada por el órgano o autoridad competente para ello».

Agrupación de fincas

De hecho, estos dos documentos fueron muy comentados durante el juicio, pues en ambos el exarquitecto indica, según la jueza, que la parcela del hotel Kaype puede ser considerada como suelo urbano y por tanto para cualquier uso o edificación se entiende innecesario el trámite de autorización previa ante la CUOTA. Señala también que las otras dos parcelas colindantes de la misma propiedad podrían ser consideradas como suelo urbano en el caso de estar agrupadas a la del hotel o disponer de todos los servicios urbanísticos. Eso sí, recomienda la realización de un estudio pormenorizado al respecto.

En este sentido, el acusado destacó durante la vista oral la unidad de propiedad, unidad de uso, y unidad física o material y económica de la que forman parte las tres parcelas, constituyendo una unidad funcional. Explicó, asimismo, que la necesidad de la agrupación de parcelas venía motivada por un tema «organizativo y funcional». Algo en lo que coincidieron algunos de los testigos, como el secretario municipal llanisco, quien indicó que el acusado propuso la reagrupación de las parcelas pero como una cuestión meramente funcional, que no beneficiaba a nadie, y estimó que «no tiene sentido condicionarla a la concesión de licencia».

Contra la sentencia, que no es firme, cabe recurso. Una posibilidad que desde la Fiscalía del Principado ya han anunciado que van a estudiar. El ministerio fiscal pedía dos años y medio de prisión para el exarquitecto, así como inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, 18 meses de multa a razón de 25 euros la cuota diaria, y a la pena accesoria de inhabilitación especial para empleo o cargo público durante el plazo de diez años.

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