El exarquitecto municipal de Llanes, único acusado en el juicio del Kaype

Vista del Kaype y del solar ya regenerado, donde se construyó la ampliación del hotel. /  JUAN LLACA
Vista del Kaype y del solar ya regenerado, donde se construyó la ampliación del hotel. / JUAN LLACA

Con las causas contra seis personas sobreseídas, se sienta en el banquillo el viernes por presuntas irregularidades en las licencias del hotel

GLORIA POMARADA LLANES.

Cuando se cumplen cuatro años del inicio del proceso judicial del 'caso Kaype', las presuntas irregularidades cometidas en la concesión de licencias para la ampliación de este establecimiento hotelero ubicado en la localidad llanisca de Barro llegan a la sala de vistas. Será este viernes, en el juzgado de lo penal número 2 de Oviedo y con el exarquitecto municipal como único acusado. Así lo anunciaba ayer el Ayuntamiento de Llanes, personado en la causa al entender que «cualquier administración responsable debe seguir con celo los procedimientos que pueden poner en riesgo la supervivencia de la propia administración».

De los siete investigados que llegaron a formar parte de la causa -entre ellos la exalcaldesa Dolores Álvarez Campillo y el actual secretario general del PSOE llanisco, José Herrero- solo A.R.N., arquitecto municipal de Llanes cuando se dieron las licencias del Hotel Kaype, ha sido acusado por un presunto delito de prevaricación urbanística. Hace justo un año, en febrero de 2017, la Fiscalía solicitaba la apertura de juicio oral y una condena de dos años y seis meses de prisión, así como una inhabilitación para empleo o cargo público durante diez años y multa.

Los hechos que ahora llegan a juicio se remontan a finales de diciembre de 2012, cuando el Ayuntamiento entonces presidido por Álvarez Campillo concedió una licencia de agrupación de fincas necesaria para las obras de ampliación del hotel Kaype. La inversión estaba valorada en 10 millones de euros y el Ayuntamiento recibió 290.512 euros en concepto de licencia. La misma que, recuerdan desde el actual equipo de gobierno, «fue informada por el arquitecto autónomo F.J.F.B., quien compartiera estudio profesional con el ex arquitecto municipal, dos días después de la solicitud realizada por la propiedad y con el visto bueno del exarquitecto municipal».

Dos meses después del trámite, la Asociación de Vecinos y Amigos de Llanes (Avall) demandaba ante el Consistorio y el Servicio de Disciplina Urbanística de la consejería de Ordenación del Territorio la paralización de las obras al entender que se estaban realizando en suelo rústico. En diciembre de 2013 la Comisión De Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA) encontraba anomalías en la licencia municipal y tres meses después, en marzo de 2014, la Dirección General de Urbanismo la consideraba «nula de pleno derecho».

Al recorrido administrativo se sumaba, solo una semana después, la denuncia de la Fiscalía contra el arquitecto municipal por un presunto delito contra la ordenación del territorio. En octubre de ese mismo año, las obras del hotel eran paralizadas por orden judicial.

Causa sobreseída

El caso Kaype llegó a salpicar a los máximos responsables del equipo de gobierno socialista, la entonces alcaldesa y actual diputada regional, Dolores Álvarez Campillo, y José Herrero, su teniente de alcalde y edil de Urbanismo y actual secretario general del PSOE llanisco. Ambos declararon en calidad de investigados ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) por la supuesta prevaricación en la concesión de la licencia de obras y de agrupación de fincas. Junto a ellos prestaron declaración, también como investigados, otras cinco personas: el titular del estudio de arquitectura y cuatro funcionarios municipales, la entonces arquitecta municipal, el técnico de administración general de urbanismo, el secretario municipal y el exarquitecto municipal. Todas las causas, a excepción del antiguo arquitecto, fueron sobreseídas por el TSJA en julio de 2016.

18 millones por el derribo

En febrero de 2017, el caso Kaype cerraba uno de sus capítulos al derribar la parte ampliada la misma empresa encargada de su construcción. Con el inmueble ya derruido, la sociedad propietaria del hotel presentaba en el registro del Ayuntamiento una solicitud de indemnización que asciende a 17,9 millones de euros. La petición se basa en que los trabajos realizados en 2013 y 2014 contaban con licencia municipal, si bien esta fue anulada después por la justicia.

«De dicha licencia deriva la presunta responsabilidad patrimonial de la que se tendrá que defender el Ayuntamiento», sostienen desde el Consistorio, que recuerda que «la última reclamación asciende a más de 18 millones de euros». «Intentaremos por todos los medios que los vecinos no tengan que hacer frente a una indemnización de la que no son responsables, pero de la que sí que pueden sufrir las consecuencias», expresaron ayer.

El cuatripartito recordó, además, que «el exarquitecto municipal y el anterior técnico de administración general de urbanismo, I.F.V.F., hoy presidente de la Junta de personal por la UGT en el Ayuntamiento y vinculado al PSOE de Oviedo, donde presentó su candidatura para ser secretario en 2012, tienen pendiente otro juicio, el del camping María Elena».

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