El exgestor del matadero insiste ante la jueza en la «prevaricación» del desalojo

Julio Díaz y su abogada llegan al juzgado. / N. ACEBAL
Julio Díaz y su abogada llegan al juzgado. / N. ACEBAL

Julio Díaz defiende que la resolución aludía a su primera empresa y no a Mafrimargo, mientras que la Mancomunidad señala que «son la misma»

GLORIA POMARADA CANGAS DE ONÍS.

El desalojo del matadero comarcal del Oriente llegó ayer al juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Cangas de Onís. Como ya adelantó el día de la clausura del macelo, el 9 de noviembre, el exgerente Julio Díaz, él mismo ha presentado una querella contra el presidente de la Mancomunidad de Concejos del Oriente, Emilio García Longo, por un presunto delito de prevaricación.

La cuestión en la que la acusación fundamenta el proceso penal, ahora en fase de instrucción, es la validez de la resolución de desalojo dictada por el presidente de la Mancomunidad, en base a un auto del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 6 de Oviedo. «Esa resolución no se atiene a la realidad, recoge cosas que no son ciertas y otras que están manipuladas, consideramos que es una resolución injusta y que habría incurrido en el delito de prevaricación», defendió ayer a las puertas del juzgado la abogada de Díaz, Carmen Álvarez Carril.

El resquicio que explora la acusación ejercida por el exgerente es la doble identidad del titular del servicio: las dos sentencias judiciales y los acuerdos plenarios de la Mancomunidad para extinguir el contrato aluden a la empresa Matadero Frigorífico del Nalón S. L. y no a Mafrimargo-5 S. L., denominación actual de la entidad. «Todos esos acuerdos y sentencias que recogieron para solicitar la entrada en el matadero y el consiguiente desalojo se referían a Matadero Frigorífico del Nalón, no a Mafrimargo-5, que nunca fue parte», apuntó la abogada Álvarez Carril.

La argumentación se sustentó, además, en que «la propia Mancomunidad autorizó la cesión de la explotación del matadero que tenía suscrita con Matadero Frigorífico del Nalón a Mafrimargo-5, sin que después esto haya sido anulado, no ha habido ningún procedimiento administrativo ni judicial referido a ello».

Argumento opuesto esgrimió el abogado de García Longo, Luis Tuero, quien consideró que «es falso que la entidad Mafrimargo se haya subrogado en el contrato de adjudicación de servicio del matadero de Margolles y haya resultado cesionaria y por ello adjudicataria de tal servicio». Para el abogado de García Longo, el exgerente del matadero actúa «de forma torticera» y «juega al ahora soy, ahora no soy», mientras que «lo único cierto es que tales entidades -Matadero Frigorífico del Nalón S. L. y Mafrimargo-5 S. L.- son de facto la misma, con el mismo dueño y administrador, quien actúa con evidente fraude de ley».

«Mancillar el honor»

La acusación de prevaricación, sostuvo la defensa, carece de fundamento pues el presidente de la Mancomunidad actuó en base a un auto judicial. «¿Cómo va a ser eso prevaricación?», se preguntó el letrado. El proceso penal iniciado por la empresa, que calificó «de locos», trata de «mancillar el honor» de García Longo. La querella recae en el también alcalde de Parres por ser el presidente de la Mancomunidad, en la que están representados trece concejos. Ayer, García Longo acudió a declarar en calidad de investigado con el único respaldo de su abogado, que señaló ejercer la defensa de su cliente a título particular y no como representante de la Mancomunidad.

La petición de la defensa de García Longo pasa por archivar y sobreseer el proceso. Por su parte, la acusación ejercida por el exgerente del macelo evitó ayer pronunciarse sobre posibles solicitudes de indemnización por daños y perjuicios, como sí señaló el día del desalojo. Está previsto que en las próximas semanas la jueza de Primera Instancia de Cangas de Onís dicte el auto, en el que cabe bien el sobreseimiento del caso o su traspaso al Juzgado de lo Penal de Oviedo.

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