La Fiscalía acusa a una exedil llanisca de prevaricación y malversación de fondos

Solicita para ella a 9 años de inhabilitación por autorizar supuestamente la concesión de una ayuda social a un maltratador para que eludiese la cárcel

T. B. LLANES.

La Fiscalía del Principado de Asturias solicita una pena de 9 años de inhabilitación especial para ocupar empleo o cargo público para una exconcejal del Ayuntamiento de Llanes, S. R. C., y para una trabajadora social, P. M. L., por la concesión de una ayuda municipal a un hombre condenado por maltratar a su compañera sentimental. El Ministerio Público acusa a estas dos mujeres de cometer, presuntamente, un delito de prevaricación y otro de malversación de caudales públicos, ambos recogidos en el Código Penal.

La petición de la Fiscalía ha sido trasladada ya a las partes y ahora se está a la espera de que se abra juicio oral para que la Justicia determine si las dos personas acusadas son culpables de los hechos que les achaca la Fiscalía.

Según sostiene el Ministerio Público, el 1 de abril de 2014 un vecino del concejo solicitó al Ayuntamiento de Llanes una prestación de 1.500 euros con el fin de abonar con esta cantidad una multa urgente y no ingresar en prisión. A este hombre, condenado por maltrato, se le había impuesto una orden de alejamiento y una multa, que abonaba cada mes. Al no pagar una de las cuotas se decretó su ingreso en prisión.

La solicitud de la ayuda que presentó este hombre, según la Fiscalía, fue cumplimentada «de puño y letra» por la exconcejal socialista, que aprobó su concesión previa valoración favorable de la trabajadora social, la otra acusada. La ayuda social concedida, sostiene el Ministerio Fiscal, se otorgó sin que se cumpliese la finalidad que se estableció para este tipo de subvenciones. Para la Fiscalía «los fondos públicos fueron destinados, sin justificación alguna» a que un ciudadano «eludiera su responsabilidad personal derivada de la comisión de un hecho delictivo, vulnerando lo preceptuado en la Ley del Principado de Asturias de Servicios Sociales».

La Fiscalía pide además de los 9 años de inhabilitación, que las acusadas indemnicen de forma conjunta al Ayuntamiento de Llanes con 1.500 euros, misma cantidad de la ayuda concedida en 2014 a este maltratado.

La exconcejal acusada por la Fiscalía de prevaricación y malversación de caudales públicos prefiere no realizar declaraciones públicas sobre esta cuestión hasta la celebración del juicio, aunque no esconde que considera que esta denuncia contra ella forma parte de la «caza de brujas del actual alcalde contra todos los que estuvimos en el anterior gobierno municipal». «En su día ya dijo que nos quería ver a todos en la cárcel».

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