La Fiscalía investiga a los exalcaldes de Ponga por la ampliación de un cementerio

Cándido Vega sale del juzgado de Cangas de Onís en febrero. /  N . A.
Cándido Vega sale del juzgado de Cangas de Onís en febrero. / N . A.

El Consistorio pongueto considera que la obra de San Ignacio fue «un negocio jurídico fraudulento» y se efectuó «sin licencia municipal»

L. RAMOS / G. POMARADA BELEÑO.

Nuevo capítulo en el 'culebrón' judicial que en los últimos años están protagonizando los exalcaldes foristas de Ponga, Cándido Vega y Mercedes Traviesa. Según anunciaban ayer desde el Consistorio pongueto, la Fiscalía del Principado de Asturias ha decidido abrir diligencias de investigación para tratar de dilucidar si, como defiende el actual equipo de gobierno, hubo irregularidades en la ampliación del cementerio de San Ignacio de los Beyos. La decisión del ministerio fiscal llega después de que el gobierno municipal interpusiese una denuncia a mediados del pasado mes de marzo.

Desde el Ayuntamiento consideran que los citados trabajos se acometieron «sin permisos» y «mediante un negocio jurídico fraudulento» durante el mandato del equipo de gobierno presidido por el forista Cándido Vega y, tras su inhabilitación, por Mercedes Traviesa. En la denuncia también se incluyó a Contratas y Excavaciones Fontexina.

Los hechos se remontan al año 2012, cuando el entonces párroco del concejo solicitó al alcalde «la cesión o venta de un terreno colindante con el cementerio de San Ignacio de los Beyos», donde la parroquia pretendía «construir una batería de nichos que el pueblo solicitaba», recoge la denuncia. El 23 de agosto del mismo año se solicitó la licencia de obras, petición que, sostienen en el Consistorio, fue cursada por parte de Ángel María Collado, edil de Foro y alcalde de barrio del pueblo de San Ignacio. Año y medio más tarde, en enero de 2014, el Ayuntamiento de Ponga recibió una denuncia por parte de la Consejería de Sanidad relativa a la ausencia del informe sanitario del proyecto de ampliación.

En un informe emitido por el arquitecto municipal, éste asegura que el documento estaría «a la espera de croquis solicitado». También indica que se comunicó al solicitante, al que identifica con la figura de Collado, que los trabajos serían una «obra menor», lo que a su parecer entendió «equivocadamente» como «una autorización manifiesta, por lo que comenzó a ejecutar la obra sin obtener los permisos pertinentes».

Los problemas se acumulan en 2014 y las presuntas irregularidades son denunciadas por otro frente, en este caso vecinal. Una residente del pueblo presenta ante la Fiscal Especial contra la Corrupción un escrito en el que relata cómo Cándido Vega «amenazó con no dar los permisos si no realizaba la obra el Ayuntamiento». La obra, apuntó la vecina, fue acometida por dos residentes en pueblos del concejo, uno de ellos «hijo de un primo de Cándido Vega». Respecto al otro de los operarios, el actual equipo de gobierno señala que se trata de una persona «contratada por un plan de empleo».

En el quién ejecutó las tareas de ampliación reside uno de los aspectos clave de la presunta irregularidad, pues el importe por la venta de los nichos, según señalan desde el actual equipo de gobierno, fue a parar a la empresa Fontexina. De hecho, en su denuncia, la vecina indica que los compradores ingresaron en un primer momento los 800 euros por nicho en la cuenta del Ayuntamiento, pero se les devolvió el dinero indicándoles que el pago debía efectuarse en la cuenta de la empresa. Se da la circunstancia de que a Fontexina le debe abonar ahora el Consistorio pongueto más de 80.000 euros, una vez dictado este mismo enero un fallo judicial que obliga a efectuar el pago por trabajos del mandato forista.

Ahora el ministerio fiscal deberá dilucidar si existen indicios de delito en este caso y, de ser así, procederá a presentar a denuncia en el juzgado. En caso contrario, las diligencias se archivarán.

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