La Fiscalía pide ocho años de inhabilitación para dos exediles del PSOE

Entiende el fiscal que fraccionaron expedientes en las obras del campo de golf de Llanes para «eludir el procedimiento abierto y con publicidad»

G. P. LLANES.

Dos exediles del antiguo equipo de gobierno socialista del Ayuntamiento de Llanes se sentaron ayer en el banquillo de los acusados por un presunto delito de prevaricación. En el juicio, celebrado en el Penal número 1 de Oviedo, los que fuesen concejales de Contratación, Esther Bustillo, y de Seguridad, Deportes y Personal, Emilio Carrera, se enfrentaron al caso de supuesta irregularidad en la adjudicación de unas obras de mejora en el campo municipal de golf de Llanes, concretamente en el vestuario de caballeros y la cubierta. Los hechos se remontan a un expediente de 2013 que finalizó por resolución el 8 de febrero del mismo año, recoge el ministerio fiscal en su escrito. La resolución por la que se aprueba el proyecto, dictada por la acusada, es del 24 de Enero de 2013, continúa Fiscalía, y por ella se adjudica «como contrato menor la obra a la empresa García Vallado, S.L. por importe de 34.371 euros más 7.217,99 euros de IVA, lo que suma un total de 41.589,38 euros, siendo el presupuesto de contrata de 34.769,4 más 7.301,62 de IVA, lo que suma un total de 42.071 ,26 euros».

El de la intervención en el vestuario masculino no es el único expediente del campo de golf que ayer llegó a juicio, pues «en la misma fecha, de 17 de Enero de 2013, se inició el expediente de contratación para la renovación de la cubierta del edificio de equipamiento de maquinaria y vestuarios de personal». Finalizado por resolución el 7 de febrero de 2013 y aprobado el proyecto el 24 de enero, la entonces concejal de Contratación adjudicó, también «como contrato menor», la obra «a la empresa García Vallado, S.L. por importe de 25.667,48 euros más 5.390,17 euros de IVA». Según defendió el ministerio fiscal, el otro acusado «encargó personalmente el proyecto para la realización de las obras y propuso al titular de la empresa adjudicataria la realización de las mismas, presentando éste los presupuestos tal y como le había ofrecido el concejal y se encargó de su tramitación».

El fiscal entiende que los expedientes «se corresponden con obras proyectadas en la misma edificación, que se ejecutaron simultáneamente y que podrían haber sido objeto de un único proyecto, fraccionado intencionalmente para así eludir los procedimientos abiertos y con publicidad». Por ello, pide ocho años de inhabilitación para empleo o cargo público para cada uno de los exediles. Ayer, ambos declinaron pronunciarse al respecto y manifestaron su respeto por la justicia. El juicio ha quedado visto para sentencia.

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