Genaro Alonso se compromete a estudiar la problemática de El Prial

El centro El Prial, ubicado en Infiesto (Piloña). /  E. C.
El centro El Prial, ubicado en Infiesto (Piloña). / E. C.

El consejero de Educación promete en la Junta analizar «con atención y cariño» la denegación del certificado que docentes del centro necesitan para seguir impartiendo clase

L. RAMOS INFIESTO.

La denegación de las acreditaciones que permitirían a dos veteranos profesores del Centro de Formación Profesional Específica El Prial, ubicado en la localidad piloñesa de Infiesto, seguir impartiendo las clases que llevan dando desde hace más de veinte años, «no fue una decisión política, sino administrativa y derivada de la legalidad». Así lo aseveró ayer el consejero de Educación y Cultura del Principado, Genaro Alonso, durante su comparecencia en la comisión del ramo en la Junta General, en la que también se comprometió a analizar el asunto «con atención y cariño». Lo hizo en respuesta a una pregunta urgente efectuada por el diputado forista Pedro Leal, quien quiso saber cuál fue el motivo de efectuar «una interpretación restrictiva de la Resolución de 2013, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se desarrollan los requisitos de formación inicial para impartir docencia en enseñanzas de Formación Profesional en los centros privados y se establece el procedimiento para su reconocimiento, que perjudica notablemente a El Prial, implica despidos y compromete su futuro».

Alonso señaló que «la consejería debe garantizar que el profesorado cumpla con los requisitos exigidos en esa normativa» y aseveró no tener «ningún interés en perjudicar al centro y mucho menos al profesorado». La interpretación que se hizo de la citada resolución, agregó, «no es restrictiva, es puramente lineal de aplicación del derecho más simple que se pueda dar en una resolución».

El pasado domingo, una de las profesoras afectadas indicaba a EL COMERCIO cómo fue la propia Inspección Educativa quien ordenó a los docentes solicitar la acreditación que más tarde se les denegaría, pese a que en la propia resolución se indica que no es necesario en el caso de quienes lleven tiempo impartiendo las materias. En este sentido, el titular de Educación apuntó ayer que «en el centro El Prial, el Servicio de Inspección, en una de sus actuaciones ordinarias, recomendó a los docentes que solicitasen acreditación para impartir docencia en los requisitos exigidos en esa resolución y comunicó al centro la situación en la que se encontraban los profesores».

De hecho, recordó, «hay otros cinco docentes pendientes de resolución y que podrían continuar impartiendo materias, bien porque tengan reconocida la formación, bien porque presenten la correspondiente solicitud de acreditación y les sea reconocida». No obstante, advirtió, si los profesores «no cumplen los requisitos, no podrán seguir impartiendo docencia en ese centro ni en otro de esas materias».

Resquicio legal

En relación a la acusación de querer cerrar El Prial realizada este mismo lunes por diputados populares durante una visita a Infiesto, Alonso recalcó que «la actuación de la consejería no compromete el futuro del centro, porque puede contratar a otros profesores que tengan la titulación adecuada. Lo único que busca es asegurar el cumplimiento de la norma y la cuantificación de los docentes», insistió. No obstante, apuntó, «si encontramos el menor resquicio legal para que los docentes piloñeses afectados puedan continuar impartiendo docencia, por mi parte no habrá ningún problema para que así sea».

Unas palabras que no convencieron a Pedro Leal, quien afeó que «una decisión política no puede coartar la carrera profesional de una persona con más de veinte años de experiencia» y aseveró que «existe discriminación con los docentes de la pública, a los que no se les exige tal exactitud en cuanto a su acreditación de título». Criticó, asimismo que «ni siquiera se posibilita a los afectados un periodo de adaptación para homogeneizar esas titulaciones» y recordó que «El Prial es un centro muy específico y valorado por parte de las empresas del sector maderero».

Para concluir, el titular de la Consejería de Educación y Cultura reconoció que «la cuestión es compleja porque los ciclos se han transformado en su naturaleza», y reiteró su compromiso de «revisar en detalle esta situación».

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