El gerente de la Faustino Sobrino dimitirá si la directora sigue en el cargo

Daniel Marcilla, gerente de la Fundación Faustino Sobrino, en las instalaciones de la residencia llanisca. /  JUAN LLACA
Daniel Marcilla, gerente de la Fundación Faustino Sobrino, en las instalaciones de la residencia llanisca. / JUAN LLACA

Daniel Marcilla asevera que su propuesta para despedir a sor Carmen «fue aprobado por unanimidad» en el Patronato de la entidad

LUCÍA RAMOS LLANES.

Continúa la polémica en torno a la gestión de la residencia Faustino Sobrino, que desde hace más de un siglo presta servicio a los mayores del concejo de Llanes. Esta vez era el actual gerente de la institución, Daniel Marcilla Alconero, quien echaba ayer más leña al fuego con la difusión de un comunicado en el que aportaba su versión acerca de lo sucedido en los últimos meses en el seno de la fundación y enumeraba los motivos por los que considera que la directora, la religiosa sor Carmen, debe ser despedida. Un despido que, aseveró, propuso en la última reunión del Patronato, el pasado 16 de octubre, y «fue aprobada por todos los miembros presentes», entre quienes no se encontraba la monja que, no obstante, recalcó, «fue convocada» como el resto de patronos.

De no hacerse efectiva la destitución de la franciscana que dirige desde hace quince años el centro, no está dispuesto a seguir gestionando la institución. No tendría problemas, aclaró, «en gestionar con cualquier otra directora competente nombrada por la comunidad religiosa».

Según recoge el escrito, Marcilla fue el encargado, por orden del Patronato, de comunicar a la directora la decisión de su despido el pasado 19 de octubre por la mañana. «Le ofrecí la posibilidad de una salida consensuada, agradeciéndole los servicios prestados e incluso realizando un homenaje de salida, ya que no deseaba ruido ni en contra de la fundación ni en contra de ella», relató. Asimismo, añadió que le pidió una respuesta para el lunes y quiso dejar claro que «en ningún momento dije que ese día debía abandonar su despacho ni que nadie se fuera de la residencia». Sin embargo, agregó, «no transcurrieron quince minutos desde que hablara con ella y ya estaba entrando por la puerta el párroco de Llanes. Parece que tomaron la decisión de en vez de contestar sin ruido, hacer el máximo ruido posible», lamentó.

El gerente manifestó que desde el fin de semana «la directora, el párroco y varias trabajadoras empezaron a montar ruido, una desde su despacho, otro desde el púlpito y otras en redes sociales, mintiendo descaradamente sobre todo lo ocurrido». Todo este revuelo, continuó, «culminó con el escrache realizado dentro de la fundación el pasado martes y que supuso el baño de multitudes de la directora, además de interferir en el buen funcionamiento de la residencia, con usuarios que no entendían nada y trabajadoras que tuvieron que salir por puertas traseras».

Comida caducada

En su comunicado, el gerente expuso los motivos que le llevaron a proponer el despido tanto de la directora como de otras trabajadoras. «Existía un altísimo riesgo para la salud de los residentes, ya que tras un inventario realizado en los almacenes de la cocina se descubrieron más de 550 kilos de comida caducada, alguna desde 2014, que se seguía dando a los residentes», aseveró, e indicó que entre estos alimentos había tanto legumbres como productos congelados. Indicó también que «en múltiples ocasiones se compraba un 50% más de las cantidades de comida que se requerían» y se preguntó adónde iban los productos que no se servían a los residentes.

Marcilla también considera que durante los últimos años se produjo «un saqueo de la fundación por parte de los proveedores y con el beneplácito de la directora, pues se aplicaban precios generales entre un 30% y un 150% superiores al de mercado, lo que supuso un sobrecoste de unos 100.000 euros anuales». Asimismo, advirtió que la «nefasta organización del trabajo hacía que las trabajadoras realizaran entre 250 y 450 horas menos al año de lo que marcaba el convenio, cobrando por la totalidad del mismo. Esto supuso un sobrecoste de unos 125.000 euros anuales», agregó.

Señaló también que «el descontrol en el cobro de residentes produjo, solo en 2016, una pérdida de 75.000 euros en ingresos» y agregó que en los últimos años se efectuaron «pagos de facturas que no se corresponden a la operativa de funcionamiento de la residencia, con sobrecostes añadidos». Dentro de estos pagos estaría, entre otras cosas, la compra de 12.420 hostias al año, cuando «el consumo ronda las 5.475».

Según los cálculos del gerente, si se llevan a cabo las pedidas que en su día propuso al Patronato, «para 2019 la cuenta de resultados reflejará números negros, e incluso beneficios».

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