Los hosteleros defienden que la venta legal de salmón evitaría el furtivismo

Un pescador en el río Sella. /Nel Acebal
Un pescador en el río Sella. / Nel Acebal

«Es lamentable que podamos vender el de Noruega y no el del Sella», claman las asociaciones turísticas de la comarca

GLORIA POMARADA CANGAS DE ONÍS.

Con el inicio de la temporada de pesca del salmón regresa una vieja reivindicación del sector de la hostelería, la posibilidad de comercializar el pescado por excelencia del Oriente. La postura es unánime entre las distintas asociaciones turística de la comarca, que lanzan un aviso al Principado: «seguiremos peleando por ello». Hace justo un año que la consejería de Medio Rural descartaba la comercialización de salmónidos por estar su población «justo al límite de ser declarada en peligro». Más atrás se remonta la prohibición de venta, al año 2002 con la aprobación de la ley regional que regula la pesca en aguas continentales.

«Es lamentable que podamos vender salmones de Noruega y no del Sella», señala Javier Garaña, presidente de la Asociación Llanisca de Restaurantes y Sidrerías (Allares). La misma paradoja aprecian desde otras entidades como la riosellana Aritur, cuyo presidente Sabino Martínez extrapola la situación a otras especies y tipos de pesca. «¿Si lo de la mar se comercializa por qué el salmón, las truchas o los reos no?», se pregunta. En este sentido, desde el sector establecen una comparación con la angula, una especie «que también escasea» pero cuya venta sí está permitida. «Nadie nos da una explicación», lamentan. «Hay montones de gente que van a pescar y después los tiene que meter al congelador, cuando lo podemos comprar con una factura», defiende desde Parres Gigel Ciubotariu, nuevo presidente de Hotupa.

Los profesionales de la hostelería oriental entienden que en la práctica la prohibición «fomenta que la venta sea clandestina». De hecho, desde la Asociación de Empresarios de los Picos de Europa (Incatur) dicen tener «sospechas» de que «son muchos los salmones que se venden indirectamente». Esa comercialización ilegal, insisten, supone también una «pérdida de recursos económicos para la administración».

El temor al furtivismo es precisamente uno de los motivos aducidos para impedir la comercialización. La solución para atajar este riesgo es sencilla para los hosteleros de la comarca: aumentar la vigilancia en los ríos. «Para eso está la guardería, para controlar que no haya furtivismo», indican desde Aritur. «Con esos ingresos extra se podría poner más personal para vigilar, se generaría una cadena de beneficios», apunta el presidente de Incatur, José Antonio Sánchez. La disminución de la población de salmónidos que podría ocasionar la venta tampoco es un argumento válido para la hostelería. «No se terminaría con las capturas», defiende Garaña. Apunta, además, a la existencia de «estudios de otros países con tradición pesquera de salmónidos» que respaldan la apreciación. Desde Parres añaden la propuesta de emplear parte de los recursos generados en «repoblar con truchas y salmones». «El dinero del río puede volver al río», dice Ciubotariu.

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Elemento «dinamizador»

La cuestión económica es una de las claves para el sector, que observa como «se están perdiendo recursos» por la limitación legislativa. «Sería un elemento dinamizador para la comarca, turística y económicamente», sostienen desde Allares. La asociación llanisca rescata también uno de los proyectos olvidados, el de construir una lonja para la venta de salmónidos.

En materia gastronómica, la calidad de los peces de ríos como el Sella o la cuenca del Cares-Deva es otro de los aspectos en los que fundamentan su postura. «Tener en la carta un salmón de aquí es un reclamo», sostiene Martínez. «Se podrían hacer campañas desde los restaurantes», añade Sánchez.

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