Inhabilitados durante siete años dos exediles llaniscos por prevaricar

Zona de edificios del Campo de Golf Municipal de Llanes. /  JUAN LLACA
Zona de edificios del Campo de Golf Municipal de Llanes. / JUAN LLACA

El juez considera que Esther Bustillo y Emilio Carrera fraccionaron un contrato relacionado con el campo de golf para evitar sacarlo a concurso

LUCÍA RAMOS LLANES.

Fraccionaron un contrato de obras que superaba los 70.000 euros en dos para evitar el concurso público y poder adjudicar los trabajos a la empresa de un conocido. Es lo que considera probado el titular del Juzgado de lo Penal Número 1 de Oviedo, quien acaba de condenar a los exconcejales socialistas de Llanes Esther Bustillo y Emilio Carrera a siete años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de prevaricación administrativa.

Los hechos se remontan a finales de 2012 y principios de 2013, cuando el Partido Socialista todavía gobernaba en el concejo de Llanes. Según el relato de la Fiscalía del Principado que ha dado por bueno el magistrado, fue el 29 de octubre de 2012 cuando un arquitecto aparejador externo al Ayuntamiento llanisco y contratado por Emilio Carrera, quien por entonces ocupaba la Concejalía de Deportes, presentó en el Consistorio sendos proyectos de ejecución de unas obras en el edificio del Campo de Golf Municipal de Llanes.

El primero de ellos se refería a los trabajos de renovación del vestuario de caballeros y dio lugar a la formación de un expediente el 17 de enero de 2013. Éste culminaría una semana después con la firma, por parte de la entonces concejala de Contratación, Esther Bustillo, de un decreto que aprobaba el citado proyecto de adecuación del vestuario masculino y daba pie a que el 8 de febrero se adjudicase la obra, como contrato menor, a una empresa local por 41.589,43 euros, IVA incluido.

El segundo proyecto presentado por el técnico externo hacía referencia a la renovación de la cubierta del edificio de equipamiento de maquinaria y vestuario del personal. Como sucedió con el caso anterior, se formó expediente el 17 de enero de 2013 y el día 24 del mismo mes, Bustillo firmaba el decreto que aprobaba la actuación. De este modo, las obras fueron adjudicadas, también como contrato menor y al mismo empresario, por 31.057,65 euros el 7 de febrero de 2013.

Con todo esto, el titular del Juzgado de lo Penal Número 1 de Oviedo considera probado que ambos ediles decidieron, en connivencia, «fraccionar la actuación mediante dos contratos menores por importe inferior a los 50.000 euros y así poder adjudicarlos a un solo empresario, conocido de Emilio Carrera, con un propósito claro de eludir una oferta pública que permitiera la participación de más empresas». Lo hicieron, agrega la sentencia, «a sabiendas de que actuaban sin respetar la legalidad, la Ley de Contratos del Sector Público».

El magistrado indica también que ambos exconcejales «eludieron acudir a un técnico municipal para evitar trabas» y en este sentido manifiesta que «no es creíble la justificación dada -por los acusados- sobre el excesivo trabajo de los técnicos municipales que impedía informar debidamente». Sostiene, asimismo, que los dos exediles sabían que «ambos expedientes se refieren a una sola obra a efectuar en el Campo de Golf Municipal de Llanes que debía llevarse a cabo en un solo proyecto».

«Sabían lo que hacían»

El escrito recoge cómo Carrera reconoció que la actuación «debía llevarse a cabo rápidamente» con motivo de la visita de la Federación Española de Golf, con quien se había suscrito un convenio para la realización de la obra. También señala el juez que es «inadmisible» el desconocimiento que manifestó Bustillo en el juicio, diciendo que «se limitó a firmar lo que le pusieron delante». «Era la persona idónea para el cargo que ocupaba y sabía lo que hacía», recalca el magistrado.

Por todo ello, el escrito concluye señalando cómo ambos exconcejales «realizaron una actuación administrativa injusta, arbitraria, sin fundamento técnico, sin sujeción al principio de legalidad y sin el debido respeto a la función pública», y recalcando cómo ésta fue «una conducta grave porque se realizó sin respeto al recto y normal funcionamiento de la Administración Pública, desacreditando a la misma, dañando la confianza de los ciudadanos y cometiendo un delito de prevaricación administrativa».

Contra esta sentencia cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

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