José Herrero niega ante la jueza haber prevaricado en el 'caso Fombella'

José Herrero sale del juzgado de Llanes. / NEL ACEBAL
José Herrero sale del juzgado de Llanes. / NEL ACEBAL

El portavoz socialista, la exconcejala Esther Bustillo y el interventor municipal prestaron declaración en el marco de la investigación abierta en el juzgado llanisco

LUCÍA RAMOS LLANES.

«Seguramente los concejales nos hayamos equivocado en muchas cosas, pero estoy seguro de que ninguno, y hablo por mí y por mis compañeros, lo hemos hecho con ánimo prevaricador». Así de rotundo se expresaba ayer por la mañana el portavoz municipal socialista en el Ayuntamiento de Llanes, José Herrero, a la salida del juzgado, adonde acudió a prestar declaración en el marco de la investigación abierta por la jueza en torno al llamado 'caso Fombella'. Con estas diligencias se pretende dilucidar si existen indicios de delito, como así lo denunció el actual equipo de gobierno, en el pago de casi 480.000 euros durante nueve años al arquitecto Javier Fombella, a quien el Consistorio llanisco recurrió para que prestase asistencia técnica de apoyo a la Oficina Municipal de Urbanismo entre los años 2006 y 2015.

Junto a Herrero, ayer acudían a declarar por este asunto la exconcejala socialista Esther Bustillo, quien ocupó la cartera de Hacienda hasta 2011 -Herrero le sucedió en el cargo entre 2011 y 2015-, y el interventor municipal, Gregorio García. Hace unos meses era el secretario municipal, Santiago Fernández Molpeceres, quien inauguraba esta ronda de declaraciones con las que desde el juzgado pretenden elaborar un informe que analizará la Fiscalía del Principado de Asturias para decidir si se abre juicio oral o, por el contrario, se archiva la causa.

Quince procedimientos

«El cuatripartito ya nos acusó, juzgó y condenó y aunque se archiven las causas, para ellos somos culpables»

Mientras que el interventor, quien permaneció cerca de una hora respondiendo a las preguntas de los letrados de las diferentes partes, rechazó hacer valoración alguna a su salida de las dependencias judiciales, José Herrero sí aprovechó para manifestar su intención de «colaborar abiertamente con la justicia». El concejal negó haber cometido prevaricación y apuntó que «hice lo que en su momento consideraba que tenía que hacer». Afeó, asimismo, «la política que ha decidido seguir el cuatripartito» y recordó que, en su caso, «es la cuarta vez» que tiene que acudir a un juzgado para declarar respecto a alguna cuestión relacionada con el Ayuntamiento y que a algunos de sus compañeros «les ha sucedido lo mismo durante esta legislatura».

En este sentido, aseveró que «estamos hablando de más de quince procedimientos penales abiertos contra algún concejal de los anteriores equipos de gobierno y luego acusan al PSOE de judicializar la política». Herrero también recordó cómo algunas de estas causas ya fueron archivadas y lamentó que «por desgracia ya hemos sido acusados, juzgados y condenados por el cuatripartito. Les importa poco que los procedimientos se archiven, para ellos seguimos siendo culpables de todo», apostilló.

Contratos menores

Según recoge un informe elaborado por el secretario municipal y hecho público en junio de 2016 por el cuatripartito, la vinculación con Javier Fombella se realizó por medio de «contratos irregulares». Concretamente, dicho documento se refiere a dos contratos suscritos con este profesional autónomo en los años 2006 y 2007.

Según manifestaron desde el actual equipo de gobierno en más de una ocasión, el primero de ellos indicaba que se iba a pagar a este arquitecto por los servicios de asesoramiento técnico «350 euros al día», y que su duración era de «tres meses o hasta la renovación de la corporación municipal».

En 2007, una vez celebradas las elecciones municipales en las que el Partido Socialista renovó su mayoría absoluta en el Ayuntamiento llanisco, se suscribió un nuevo contrato entre el arquitecto y esta administración local. Este segundo acuerdo establecía unos ingresos mensuales para Javier Fombella de 4.550 euros al mes. La duración de este segundo contrato era de «dos meses y medio o hasta que acabe la actividad». Al parecer, la actividad se prolongó hasta mayo de 2015, último mes del gobierno socialista en Llanes.

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