Llanes demolerá los apartamentos ilegales del Cobalayu, en Celorio

El Consistorio ya ordenó a la propiedad tirar la construcción el pasado febrero y de nuevo en noviembre, sin obtener respuesta

L. RAMOS LLANES.

El Consistorio de Llanes será quien finalmente se encargue, de forma subsidiaria, de demoler los apartamentos ilegales levantados hace casi una década sobre las ruinas de una antigua cuadra en la zona del Cobalayu, ubicada entre Celorio y Porrúa. La concejala de Urbanismo, la forista Marián García de la Llana, dictaba el pasado 25 de enero una resolución por la que se insta al servicio de Contratación a encargar el proyecto de demolición del edificio, después de que la propiedad no respondiera a los dos requerimientos hechos por el Consistorio en febrero y de nuevo en noviembre del pasado ejercicio.

De esta forma se pretende poner fin al periplo judicial que se inició hace años en torno a esta construcción tras una denuncia interpuesta en marzo de 2010 por la Asociación de Vecinos y Amigos de Llanes (Avall) ante la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA), el Servicio de Disciplina y Gestión Urbanística de la Consejería de Fomento y el propio Ayuntamiento de Llanes contra la edificación, en una antigua cuadra invernal que contaba con protección ambiental, de dos alojamientos turísticos. Dicha protección significaba que podía reformarse pero ni se podían derribar sus muros ni aumentar su volumen. Sin embargo, según señalaron en reiteradas ocasiones desde Avall, el volumen es ahora aproximadamente el doble y de aquellos muros originales no queda nada.

Tras la demanda, el servicio de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado procedió a anular, en mayo de 2010, la licencia urbanística que el Consistorio llanisco había otorgado en junio de 2008 al tío del entonces concejal socialista José Balmori para «la reforma y ampliación de edificio para dos apartamentos rurales» en Suelo No Urbanizable de interés agrícola. Cinco años después, la CUOTA denegó también la autorización previa de la legalización de las obras, decisión contra la que la propiedad interpuso un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que sería rechazado por el mismo organismo a finales de 2016.

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