«Me tuve que mover a mi manera para no perder subvenciones», dice Vega

Cándido Vega ayer, a su salida del juzgado de Cangas de Onís. /  G. P.
Cándido Vega ayer, a su salida del juzgado de Cangas de Onís. / G. P.

El exalcalde de Ponga defiende su inocencia tras no declarar ante la jueza por los supuestos delitos de prevaricación y malversación de fondos

GLORIA POMARADA CANGAS DE ONÍS.

Obrando de «buena fe» y «con la ley en la mano» para desempeñar las competencias que le atribuía su cargo de alcalde. El exregidor de Ponga, el forista Cándido Vega, fundamentó ayer su defensa en estos dos supuestos en un alegato que verbalizó ante las puertas del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Cangas de Onís. Ante y no dentro de las dependencias judiciales, pues el que fuese alcalde del municipio pongueto entre 2007 y 2013 se acogió a su derecho a no declarar. Sí se explayó, no obstante, a su salida del juzgado ante los medios. «Se están incorporando cosas nuevas, hasta sentencias que hemos tenido favorables, esto es el cuento de nunca acabar», explicó Vega sobre su decisión de no prestar declaración ante la jueza canguesa. Una de esas sentencias, indicó, fue «la de 2010 cuando nos retiraron el sueldo, fuimos a juicio y el juez nos dio la razón», defendió Vega, quien avanzó que esperará a «ver toda la documentación» para «hacer la declaración como corresponde». Los nuevos documentos, insistió, «no me dio tiempo a verlos porque me parece que los presentaron ayer (por el lunes)».

Junto a Vega estaba citada a declarar Mercedes Traviesa, la que fuese teniente de alcalde durante su mandato y su sustituta en la alcaldía tras su inhabilitación en 2013. Los dos exalcaldes ahora investigados, defendidos por el mismo abogado, llegaron y se fueron por separado de las dependencias judiciales. En el caso de Traviesa se presentó en el juzgado cangués pasadas las once de la mañana. Apenas media hora más tarde abandonaba la sede judicial sin desvelar si, como Vega, se había acogido a su derecho a no declarar.

Por su parte, Cándido Vega sostuvo la legalidad de las acciones y la dedicación de sus compañeros de corporación. «Hemos trabajado por encima de nuestras posibilidades», afirmó. En la denuncia de la Fiscalía contra Vega y Traviesa también se incluían los nombres de los ediles Víctor Ibáñez y Ángel María Collado como supuestos coautores de los delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos y falsedad documental.

El objetivo de la fase de instrucción penal ahora abierta es precisamente determinar si el exalcalde incurrió en prevaricación en la contratación de trabajadores mediante «decretos firmados por el propio Cándido Vega» con los que se «evitaron los procedimientos legales necesarios para llevar a cabo una contratación pública sin justificación alguna», explicaron a este periódico fuentes próximas al Ayuntamiento pongueto a principios de enero, cuando la Fiscalía presentó la denuncia.

La explicación de esos supuestos contratos «a dedo» fue ayer ofrecida por el propio Vega, quien dijo recordar el caso de cuatro trabajadores: un asistente social, un responsable del telecentro, un arquitecto técnico y el operario de un camión dumper. En el caso del asistente social, detalló el exregidor, la contratación se realizó con «carácter urgente» al abandonar el concejo la llamada Mancomunidad pequeña y «quedarse sin nadie para atender a los mayores». «Se contrató a una persona que estaba en el telecentro y reunía las condiciones para llevar los asuntos sociales. Se la contrató con carácter urgente por no dejar al concejo dos meses sin servicio, esperando a que la plaza se sacase a concurso». No obstante, añadió, «la intención de más adelante era sacarlo a concurso pero por circunstancias no se hizo».

Al derivar a la persona a cargo del telecentro a los servicios sociales, el equipo de gobierno de Foro «contrató a otra persona que residía en Abiegos y reunía las condiciones para llevar el telecentro, también se contrató de carácter urgente», explicó Vega. De la misma forma, para el arquitecto técnico aportó su justificación: el profesional del Ayuntamiento «se fue de vacaciones sin decírnoslo y cuando llegó el momento de auge de las subvenciones no lo tenía, entonces perdíamos las subvenciones. Me tuve que mover a mi manera y lo hice para no perder el tren de las subvenciones». En cuanto al operario de maquinaria, «sabía andar con ese dumper y había que echar una calle en Taranes que baja a la depuradora, se hizo esa obra y como era una persona conocedora de la zona y cazador se le amplió el contrato, no sé si un mes, para la berrea».

En todos los casos referidos, las contrataciones «entran dentro de las competencias del alcalde», insistió Vega quien dijo no entender «por qué ahora lo hay que politizar de tal manera y llevarlo a lo penal, era un problema administrativo». Indicó, además, que «si ahora no son las competencias del alcalde, tendrán que modificar el sistema de leyes».

Colecta de 15.000 euros

Respecto al presunto delito de malversación de fondos y falsedad documental por facturar, supuestamente, al Ayuntamiento los gastos de la defensa jurídica de varios procedimientos en los que Vega era parte implicada, el exalcalde sostuvo que «cuando todos esos pagos se han hecho yo no estaba condenado, podía ser absuelto». «Yo nunca obré a mala fe, además se ve que una vez que me han condenado yo he pagado los 30.000 euros de multa. Los pagué de mi bolsillo y de una colecta que hizo el concejo, que salieron 15.000 euros», recordó.

Como viene repitiendo desde que comenzase el proceso, Vega acusó a la actual alcaldesa, la socialista Marta Alonso, de emprender contra él una «persecución política». El próximo martes, Vega y sus excompañeros de Corporación están de nuevo llamados a declarar en el juzgado cangués.

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