Parques solo permite nuevas infraestructuras por motivos ambientales o sociales

Tren cremallera del Vall de Núria, similar al que estudiará el Principado para los Lagos tras aprobar la Junta la propuesta del PP. / FGC
Tren cremallera del Vall de Núria, similar al que estudiará el Principado para los Lagos tras aprobar la Junta la propuesta del PP. / FGC

La ley que regula estos espacios protegidos autoriza vías de comunicación como el tren, de forma excepcional «siempre que no exista otra solución satisfactoria»

TERRY BASTERRA COVADONGA.

La propuesta para construir un tren cremallera a los Lagos de Covadonga debe enfrentarse a varios obstáculos legales en caso de que el Principado decida retomar la iniciativa que ahora va a ser estudiada, tras haberlo aprobado así la Junta General en el pleno del pasado 15 de septiembre.

Una parte de estas dificultades son de ámbito legal. La primera es la propia Ley de Parques Nacionales, en vigor desde diciembre de 2014. Esta norma es muy restrictiva con este tipo de construcciones, aunque deja la puerta abierta para unos casos muy específicos, siempre que estén justificadas por cuestiones medioambientales o sociales.

La Ley dice textualmente en su artículo 7 apartado 3.B que considera «incompatibles» en estos espacios protegidos «los aprovechamientos hidroeléctricos, vías de comunicación, redes energéticas y otras infraestructuras, salvo en circunstancias excepcionales debidamente justificadas por razones de protección ambiental o interés social, y siempre que no exista otra solución satisfactoria».

Los Picos de Europa están elaborando un nuevo PRUG. El anterior no consentía construir líneas de ferrocarril

Este último apartado de la norma estatal puede ser clave, ya que para acceder a los Lagos de Covadonga se utiliza la carretera C0-4, que en 2016 fue utilizada por 154.431 vehículos, según los datos oficiales del Parque Nacional de los Picos de Europa. Se estima que emitieron a la atmósfera en los 24 kilómetros que tiene esta calzada, entre el trayecto de subida y bajada, 460 toneladas de CO2. De retomarse la propuesta, los técnicos deberán determinar cuál de las dos opciones, tren cremallera o carretera, es mejor para el medio ambiente.

El otro aspecto legal que debe salvar este transporte por el que aboga el Partido Popular, que fue quien presentó ante la Junta la iniciativa para que el Principado vuelva a estudiar una propuesta impulsada por el Gobierno regional en los años 90, es el Plan Regulador de Uso y Gestión del Parque Nacional de los Picos de Europa. El conocido como PRUG está en proceso de elaboración, después de que su predecesor fuera anulado definitivamente en 2005 por el Tribunal Supremo.

Analizar las limitaciones

La intención es que el nuevo documento pueda estar listo en 2018, coincidiendo con las celebraciones del centenario de la declaración de este espacio protegido como Parque Nacional. La diputada socialista Dolores Álvarez Campillo manifestó en el Pleno de la Junta celebrado el 15 de septiembre que el anterior PRUG prohibía «los funiculares y líneas de ferrocarril en el espacio protegido». Por ello, Campillo animó a los representantes del PP a que aprovechen el periodo actual para proponer que el futuro PRUG no incluya esa misma prohibición. En ese sentido, la socialista indicó en aquella sesión que «el Gobierno está dispuesto a estudiar cualquier iniciativa que se demuestre que es viable y priorice la conservación medioambiental».

El consejero de Infraestructuras y Medio Ambiente, Fernando Lastra, dijo sobre la propuesta del tren cremallera que «hay que ver cómo se resuelve esa limitación y una vez tengamos los estudios de viabilidad económica y ambiental podremos valorar las propuestas que estén sobre la mesa».

El tren cremallera propuesto por el Principado en los 90 tenía un recorrido de 9,7 kilómetros, de los que 3,4 discurrían bajo tierra. El coste de ejecución de estos trabajos rondaría los 80 euros, según aseguran fuentes acreditadas.

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