Ponga denunciará al gobierno de Vega por la ampliación del cementerio

Los hechos que el Ayuntamiento pondrá en conocimiento del ministerio fiscal se remontan al año 2012, cuando el entonces párroco del concejo solicitó al alcalde «la cesión o venta de un terreno colindante con el cementerio de San Ignacio de los Beyos», donde la parroquia pretendía «construir una batería de nichos que el pueblo solicitaba», recoge el escrito. Fue el 23 de agosto del mismo año 2012 cuando se dio un nuevo paso en los trámites, con la solicitud de licencia de obra para construir 18 nichos en el cementerio. Esa petición, sostienen, fue cursada por parte de Ángel María Collado, edil de Foro y alcalde de barrio del pueblo de San Ignacio. Año y medio más tarde, en enero de 2014, el Ayuntamiento de Ponga recibió una denuncia por parte de la Consejería de Sanidad relativa a la ausencia del informe sanitario del proyecto de ampliación.

En un informe emitido por el arquitecto municipal -con fecha errónea según apunta el Ayuntamiento- éste asegura que el documento estaría «a la espera de croquis solicitado». También indica que se comunicó al solicitante, al que identifica con la figura de Ángel María Collado, que los trabajos serían una «obra menor», lo que a su parecer entendió «equivocadamente» como «una autorización manifiesta, por lo que comenzó a ejecutar la obra sin obtener los permisos pertinentes».

Los problemas se acumulan en 2014 y las presuntas irregularidades son denunciadas por otro frente, en este caso vecinal. Una residente del pueblo presenta ante la Fiscal Especial contra la Corrupción un escrito en el que relata cómo Cándido Vega «amenazó con no dar los permisos si no realizaba la obra el Ayuntamiento». La obra, apuntó la vecina, fue acometida por dos residentes en pueblos del concejo, uno de ellos «hijo de un primo de Cándido Vega». Respecto al otro de los operarios, el actual equipo de gobierno señala que se trata de una persona «contratada por un plan de empleo».

En el quién ejecutó las tareas de ampliación reside uno de los aspectos clave de la presunta irregularidad, pues el importe por la venta de los nichos, según el escrito del Consistorio, fue a parar a la empresa Fontexina S.L. Añade la vecina en su denuncia que los compradores ingresaron en un primer momento la cantidad en la cuenta del Ayuntamiento, pero se les devolvió el dinero indicándoles que el pago debía efectuarse en la cuenta de Fontexina S.L. «Los vecinos, de nuevo, ingresaron el dinero, 800 euros por nicho», denunció la mujer.

Se da la circunstancia de que a esa empresa le debe abonar ahora el Ayuntamiento cerca de 90.000 euros, una vez dictado este mismo enero un fallo judicial que obliga a efectuar el pago por trabajos del mandato forista. La postura del actual equipo de gobierno es que esas obras se realizaron «sin expedientes ni procedimiento de tramitación». De hecho, hace apenas quince días la Fiscalía presentaba una denuncia al respecto, al estimar la existencia de supuestas irregularidades en la contratación.

Al caso de la ampliación del cementerio pongueto se añadió un nuevo contratiempo en febrero de 2015, a tres meses de las elecciones municipales. Los propietarios de los nichos presentaron ante el Consistorio un escrito en el que solicitaban que «la empresa constructora subsanara la mala ejecución de las obras», que según su relato habría dejado el muro a la altura de la carretera, por lo que «el tejado corre peligro de que los animales puedan caer» sobre de los nichos.

En junio de 2015 llegaba a la alcaldía la actual regidora, Marta Alonso, quien requirió al concejal forista Ángel María Collado la reparación de las deficiencias del cementerio. Sin embargo, éste se opuso por una «falta de trámites» y «negó ser el promotor a título particular» de la ampliación. La iniciativa, apuntó, fue del párroco. «La única solicitud de obra es la presentada por Ángel María Collado», rebate el actual gobierno en el escrito a la Fiscalía.

Junto a la clave de quién promovió las obras, se encuentra el cómo. El Ayuntamiento alude a un informe elaborado este pasado septiembre por un ingeniero en el que apunta que «la obra carece de licencia municipal» y «no se ha llevado a cabo ningún trámite ambiental». La legalización, explica, sería posible en materia urbanística y medioambiental, pero no sanitaria. Por ello, «los nichos deben ser demolidos». Por el momento no ha sido así, pero los féretros sí han sido retirados.

También en la cuestión económica ve el Ejecutivo local supuestas irregularidades, pues «no se encontró presupuesto alguno». No consta, asimismo, «si los nichos fueron vendidos o se ofreció a los vecinos una concesión».

De estimar la Fiscalía este nuevo escrito, se añadiría a las cuatro denuncias ya presentadas, correspondientes a supuestos delitos continuados de prevaricación, malversación de fondos públicos y falsedad documental, así como supuesta contratación irregular y prevaricación en las obras realizadas por la empresa Fontexina S.L. Marta Alonso prestaba ayer declaración en el juzgado de Cangas de Onís en calidad de perjudicada en representación del Ayuntamiento. Ante la jueza, la regidora ratificó los documentos aportados por la presunta contratación irregular de tres trabajadores -un asesor, un empleado del telecentro y otro del consultorio- durante la época de Traviesa al frente de la alcaldía.