«El Principado no cejará en su empeño por facilitar el acceso a San Antolín»

El acceso al conjunto arquitectónico de San Antolín, en Naves, permanece cerrado al público. / NEL ACEBAL

Genaro Alonso dialogará con Hacienda para que atienda a la nueva documentación aportada para demostrar la «titularidad pública» de la iglesia llanisca

LUCÍA RAMOS LLANES.

«Proteger adecuadamente la iglesia de San Antolín y su entorno y posibilitar que ambos sean visitados por el público». Este es el principal objetivo que persigue en estos momentos el Principado en relación con el monumento llanisco. Así lo indicó ayer por la tarde el consejero de Educación y Cultura, Genaro Alonso, quien aseveró que «el Principado no cejará en su empeño por facilitar el acceso al bien».

Lo hizo durante su comparecencia en la Comisión de Educación y Cultura de la Junta General y mientras respondía a una pregunta urgente formulada por la diputada de Podemos Asturias Lucía Montejo en relación al monasterio llanisco. Concretamente, la política se interesó por saber «si el Consejo de Gobierno va a actuar para frenar el intento de expolio de un bien público como es San Antolín o va a permitir la pérdida de su titularidad pública para beneficio de intereses privados».

Alonso reiteró que «el Principado no es competente para resolver la cuestión de la titularidad de la iglesia, algo que jurídicamente no está claro. Actualmente, no forma parte del patrimonio de ninguna administración pública», añadió, y recordó que «el Estado no reconoce ser titular del bien». Agregó que, en este sentido, representantes de la Consejería de Educación y Cultura mantuvieron «innumerables» reuniones son sus homólogos en el Ministerio de Hacienda, pero «la Abogacía del Estado considera que San Antolín no es un bien estatal y se inhibe a favor de los propietarios de la finca».

«El Registro de la Propiedad llanisco negó en reiteradas ocasiones atribuir el templo a los titulares de la finca»

Por ese motivo, e insistiendo en que su preocupación por aclarar la titularidad del monumento llanisco sigue vigente, el consejero manifestó que «lo más relevante ahora es proteger y posibilitar el acceso al bien, algo en lo que la consejería lleva tiempo trabajando». Así, explicó que desde la Dirección General de Patrimonio se organizaron varios encuentros tanto con el Consistorio llanisco como con la propiedad de la finca. «Por parte de estos últimos hay buena voluntad, pero aluden a la inseguridad reinante en el entorno por el mal estado de algunos de los inmuebles y la posible responsabilidad patrimonial que se les podría exigir en caso de que tuviese lugar un accidente para poner dificultades a la hora de permitir el acceso público al monumento».

Una excusa que no convenció a Montejo, quien criticó que «en la fiesta de San Antolín, en septiembre, se permitió el acceso y se pudo ver a gente comiendo o paseando junto a la iglesia». Por ese motivo, aseveró que «parece que las obras de conservación de las que habla la propiedad son ficticias y fue un grave error dar la correspondiente licencia».

En relación a la titularidad del templo, la diputada de Podemos se remitió al documento de compraventa de 1870 en el que éste aparece diferenciado de la finca y el resto de inmuebles y criticó que el consejero «tiende a confundir burocracia con política. Es el máximo responsable del patrimonio en Asturias y este edificio forma parte del patrimonio asturiano», aseveró.

Así, instó a Alonso a requerir a Hacienda para que atienda a nueva documentación aportadada por ella misma que «demuestra la titularidad pública de la iglesia». Se trata, indicó, de dos documentos en los que el Registro de la Propiedad de Llanes rechaza «de forma reiterada y clara» inscribir la iglesia de San Antolín a nombre de la propiedad de la finca, indicando que el templo «corresponde al Estado». Quien dice esto, insistió, «es un órgano dependiente del Ministerio de Justicia, por lo que Hacienda debería tenerlo en cuenta».

La diputada registrará esta misma mañana una interpelación urgente para que este asunto se trate con mayor profundidad en el Pleno de la Junta General.

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