El Principado obliga a la mejillonera a presentar el estudio ambiental

El secretario de la cofradía de Lastres repasa la normativa. /  ACEBAL
El secretario de la cofradía de Lastres repasa la normativa. / ACEBAL

La empresa promotora, en la que participa la cofradía de Lastres, tacha la decisión de «arbitraria» y no descarta trasladar el proyecto a Cantabria

GLORIA POMARADA COLUNGA.

Después de un año de incertidumbre y posturas encontradas acerca de la necesidad o no de presentar un estudio de impacto ambiental previo a la instalación de una planta de cultivo de moluscos bivalvos frente a la costa de Caravia, el Principado zanjó ayer la cuestión con una orden directa. La empresa promotora de la mejillonera está obligada a presentar el informe según la normativa autonómica.

Esa fue la indicación trasladada por el viceconsejero de Medio Ambiente, Benigno Fernández Fano, a uno de los empresarios de la sociedad Mar Abierto S. L., Manuel Serrano, y el secretario de la Cofradía de Pescadores Santa María de Sábada de Lastres, Pedro Santos, durante una reunión celebrada en Oviedo en la mañana de ayer. El encuentro entre Principado y empresa había sido solicitado por el alcalde de Colunga, Rogelio Pando, con el fin de «aclarar las cosas y evitar malentendidos». Las interpretaciones divergentes sobre lo recogido en la normativa acerca de la exigencia de presentar estudios de impacto ambiental en este tipo de cultivos extensivos había marcado el proceso desde junio, cuando la consejería de Medio Ambiente solicitó dicho informe detallado. Desde esa fecha, el proyecto permanecía inmerso en una parálisis de la que pareció salir a finales de diciembre, cuando miembros de la cofradía llastrina y ediles del Ayuntamiento colungués se reunieron con el consejero Fernando Lastra por primera vez desde que éste llegase al cargo. Entonces, los promotores de la mejillonera atisbaron indicios de «esperanza» en las palabras de Lastra, que invitó a la sociedad a presentar alegaciones a la demanda cursada por su consejería durante la etapa de su predecesora.

Desde Mar Abierto S. L. señalan que así lo hicieron, pero su petición de evitar el estudio de impacto ambiental fue ayer desechada por el mismo departamento de Medio Ambiente. La decisión, explica Pando, se fundamenta en que «la normativa asturiana contempla que siempre que se hace algo cerca de la costa se necesita el estudio de impacto ambiental». Sin embargo, la explicación referida ayer en el encuentro en Oviedo no convence a los promotores de la mejillonera. «Se extralimitan a las leyes nacionales», sostiene el secretario de la Cofradía de Pescadores de Lastres, que reitera que la normativa estatal no contempla ese informe detallado en el caso de explotaciones extensivas como la que ellos pretenden instalar frente a la costa de Caravia. «El Principado nos dice que puede pedir medidas más restrictivas aunque la ley establece que ellos no tienen competencia. La utilizan a su antojo», explica, y añade: «impiden así cualquier iniciativa privada».

«La consejería no tiene competencia y utiliza la ley a su antojo», sostiene Mar Abierto«La normativa dice que se puede pedir siempre para obras junto a la costa», indica Colunga

«Se quitaron la careta»

La obligación ayer formulada de presentar el estudio inclina la balanza de Mar Abierto hacia la reconsideración del proyecto, tal y como señala Pedro Santos. De hecho, no descartan trasladarlo a Cantabria. «Nos están pidiendo cosas imposibles de evaluar, deberíamos tener las instalaciones hechas para saber lo que llega a la playa», indica. Entre las cuestiones que debe incluir un informe como el requerido se incluyen « los desechos que pueden producir estos moluscos, así como cuáles serían los destinos de dichos materiales». Santos indica que, al no estar conformes con la resolución, la propuesta ayer hecha por el Principado es la de «recurrir a la vía judicial», una opción que Mar Abierto considera «perder el tiempo». «Es una decisión política escudada en el medio ambiente, tenemos todas las de perder», lamenta Santos, que considera que el Gobierno regional «se ha quitado la careta» y «dejado claro que no apuesta por la acuicultura».

Desde la reunión celebrada en diciembre con el consejero Lastra, tanto los ayuntamientos de Caravia y Ribadesella como la Federación de Cofradías de Pescadores de Asturias habían retomado su postura contraria a la instalación de la planta, a la que ya presentaron alegaciones hace un año. En todo este tiempo, su demanda había sido la de exigir a la sociedad promotora, integrada por dos empresas gallegas -Barlovento y Plásticos Ferro-, la asturiana Coemastur y la cofradía llastrina, el estudio de impacto ambiental por las posibles consecuencias negativas que, creen, podría tener en el turismo y la pesca de la zona. Las alcaldesas de ambos municipios recordaban la pasada semana que ese tipo de estudios son exigidos a todas las administraciones en sus proyectos, punto que respalda el regidor colungués, Rogelio Pando.

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