Propiedad y constructora niegan trato de favor por el Consistorio

En primer término, el solar resultante tras la demolición de la zona ampliada del hotel Kaype, al fondo, en Barro (Llanes). /  NEL ACEBAL
En primer término, el solar resultante tras la demolición de la zona ampliada del hotel Kaype, al fondo, en Barro (Llanes). / NEL ACEBAL

Los responsables de Carrera y Pérez S. L. y Promociones del Principado aseveraron también que las parcelas de Barro eran edificables

L. RAMOS OVIEDO.

No hubo trato de favor por parte del Consistorio llanisco hacia la propiedad del hotel Kaype, ni tampoco hacia la constructora encargada de ejecutar la ampliación. Fue la premisa que ayer defendieron los representantes de ambas partes, el vicepresidente de la sociedad Carrera y Pérez S. L., Gaspar Carrera, y el consejero delegado de SCV Promociones del Principado S. L., Antonio Valle. Ambos comparecieron ante la titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Oviedo en calidad de testigos durante la segunda sesión del juicio que se sigue contra el exarquitecto de Llanes, A. R. N., por el 'caso Kaype', celebrada ayer.

Ambos coincidieron también en señalar que, a su parecer, las parcelas que se agruparon y sobre las que se levantó una ampliación que más tarde sería declarada ilegal por los tribunales y demolida, eran edificables. «Se trata de una zona urbana, rodeada de casas por todos lados y las fincas contaban con todos los servicios dotacionales. Incluso existe una depuradora cerca», manifestó Carrera. El empresario recalcó cómo en la única reunión que mantuvo con los responsables del estudio de arquitectura que se encargó del proyecto, les pidió «que lo hicieran todo legal».

Preguntado por el fiscal acerca de por qué en un primer momento se había solicitado en el Ayuntamiento licencia para ampliar el hotel y construir varias viviendas, Carrera manifestó no tener conocimiento de tal extremo. «Yo siempre pensé que se iba a tratar de apartahoteles, ligados al Kaype», indicó.

También en el estudio de arquitectura entendieron desde un primer momento que el suelo era urbanizable, como manifestó su gerente, José Ignacio Torre, quien indicó que «las parcelas estaban dentro de la trama urbana». Aseveró, asimismo, que fue por exigencia de la oficina técnica de urbanismo que solicitaron la licencia de agrupación de fincas, si bien reconoció que «no haría falta, pues se trata de un acto civil». Defendió, asimismo, que los terrenos «formaban parte de una misma unidad funcional, pues se utilizaban de aparcamiento para el hotel desde hacía años».

Estudio pormenorizado

El secretario municipal, Santiago Fernández Molpeceres, por su parte, defendió la actuación de su excompañero en el Ayuntamiento llanisco, si bien coincidió con otros testigos en señalar que «no tiene ningún sentido que se condicionase una licencia de obras a otra de agrupación de fincas». Eso sí, recalcó que el fin de tal agrupación «era que se conformara una unidad funcional y no benefició a nadie, sino que era más coherente con los hechos». Destacó, asimismo, que A. R. N. «se limitó a hacer los informes, que son meros actos de trámite y, a mi juicio, de carácter provisional», y recordó en varias ocasiones cómo el exarquitecto aconsejó que se llevase a cabo un estudio pormenorizado de la zona para un mejor cálculo del coeficiente de edificabilidad. «Eso debería haber bastado para que se solicitase a la propiedad, pero la cosa se quedó ahí», apostilló.

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