PSOE y Foro apuestan por abonar la indemnización a los dueños de Pacoli

La nave de Muebles Pacoli fue demolida en septiembre de 2016 en Colunga. /  NEL ACEBAL
La nave de Muebles Pacoli fue demolida en septiembre de 2016 en Colunga. / NEL ACEBAL

Ambas formaciones votan a favor de la modificación presupuestaria necesaria para pagar los cerca de 380.000 euros que reclama la propiedad de la nave demolida

LUCÍA RAMOS COLUNGA.

Cuando se cumplen dieciocho años de la inauguración en Colunga de la nave de Muebles Pacoli que poco después sería denunciada por un particular, el largo y complicado proceso que entonces se inició está cerca de concluir definitivamente. Tras años de sentencias, recursos y negociaciones, desde el gobierno municipal se muestran favorables a alcanzar un acuerdo con los propietarios del negocio de cara a la indemnización que estos pretenden percibir por los daños ocasionados con el derribo de la nave en septiembre de 2016. Un acuerdo del que también es partidario el portavoz de Foro, Miguel Hornillos.

Así lo habían manifestado ambas formaciones con anterioridad y así quedó demostrado durante la celebración, ayer por la mañana, de una comisión de Hacienda en la que la indemnización de Pacoli fue la gran protagonista. Durante la sesión salía adelante, gracias a los votos a favor de los concejales socialistas y forista, la iniciativa de llevar a cabo una modificación presupuestaria destinada a hacer frente a la posible compensación a la propiedad de Muebles Pacoli. Los populares, por su parte, decidieron abstenerse durante la votación, indicando que no tienen conocimiento suficiente acerca de este asunto como para posicionarse. «Solicitamos, de nuevo, la documentación con la intención de poder tomar una decisión», explicó el portavoz del PP, Máximo Villar.

Quienes sí se posicionaron, con rotundidad, fueron los concejales del PSOE y de Foro. Ambas formaciones coinciden en la idoneidad de buscar una salida consensuada al problema. Algo que, recalcan, beneficiará a ambas partes, Ayuntamiento y propiedad, evitando una nueva judicialización del proceso que dilataría aún más los plazos y que podría suponer problemas añadidos para unos u otros. «Llevamos dieciocho años tratando de cerrar el tema sin dañar demasiado a una empresa que, no olvidemos, es del concejo, es familiar, está asentada en el territorio, genera empleos directos e indirectos y cuenta con el apoyo de la población», indicó la teniente de alcalde de Colunga, Sandra Cuesta. Lamentó que la familia que desde hace décadas regenta Muebles Pacoli se ha visto muy afectada por la demolición de la nave y recordó que su deber como gobernantes es «defender a todos los ciudadanos».

Responsabilidad política

Cuesta subrayó, asimismo, que existe un informe del secretario municipal que señala que la indemnización es legal y no ha prescrito. «Lo que ahora pedimos al PP es que apliquen la responsabilidad política, de las cuestiones jurídicas ya se encargan los técnicos, ellos lo que tienen que hacer es cumplir con el compromiso adquirido», insistió. Pese a que la modificación presupuestaria depende finalmente de una resolución de Alcaldía, agregó, «al tratarse de una cuantía importante, de unos 380.000 euros, queríamos que fuesen todos los grupos los que se posicionasen a favor». El asunto será llevado a Pleno en los próximos días y en el gobierno confían en que salga adelante por unanimidad.

Uno de los primeros defensores del acuerdo con los dueños de Muebles Pacoli fue Hornillos, quien ayer afeó que el gobierno local «mantuviese, durante cerca de un año, conversaciones de forma unilateral con la propiedad». Respecto a la abstención del PP, el portavoz de Foro recordó cómo fue bajo mandato popular cuando se emitió la licencia que luego fue anulada por la justicia.

La nave fue inaugurada en abril del año 2000 y pocos meses después un particular denunció que había sido construida sobre suelo agrícola. Comenzó así un proceso judicial que culminó con la demolición del inmueble y el anuncio, por parte de la propiedad, de su intención de exigir una indemnización ya que, recordaron, contaban con la pertinente licencia municipal y el visto bueno de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias (CUOTA).

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