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G. POMARADA
COLOMBRES.
Sábado, 2 de diciembre 2017, 00:16
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La petición del colectivo vecinal Stop Residuos de establecer una especial protección en el entorno en el que, consideran, habitan ejemplares de la rana de San Antón cuenta con el respaldo de Ayuntamiento de Ribadedeva. El equipo de gobierno local «estudia las posibilidades» para «recuperar la laguna», actualmente rodeada de maleza y especies invasoras como el plumero de la pampa. Entre las opciones del alcalde, Jesús Bordás, figuran la de habilitar «un parque infantil o un área recreativa» en unas parcelas de propiedad municipal que contribuirían a establecer un perímetro de protección en las inmediaciones del enclave. «Son parcelas que el Ayuntamiento no consigue vender por la falta de compradores», explicó Bordás.
La laguna en cuestión, en la que el colectivo Stop Residuos defiende que habita este anfibio incluido en el catálogo de especies amenazadas, se encuentra en las inmediaciones de El Peral, misma zona en la que la empresa Gutram planea instalar una planta de gestión de residuos. Tras el compromiso adquirido esta misma semana por el Ayuntamiento ribadedense de solicitar el archivo del proceso de tramitación, la Coordinadora Ecoloxista d'Asturies cargaba ayer contra otro de los organismos implicados en el procedimiento, el Principado. Mediante un comunicado, el colectivo apuntó que el Gobierno regional concede «una segunda oportunidad a esta actividad contaminante, cuando reconoce que va tener efectos adversos para la salud de los colindantes, en forma de ruido, olores, polvo y contaminación química». El posicionamiento de la Coordinadora llegaba tras la publicación en el BOPA de una resolución ya adelantada en las últimas semanas por la cual Gutram deberá someterse al trámite de evaluación de impacto ambiental ordinario antes de emitir la administración un dictamen sobre su actividad. «Reclamamos que el Principado paralice este disparate de emplazamiento propuesto», defendió la Coordinadora. Por su parte, el colectivo local Stop Residuos consideró la postura de los ecologistas como un «punto de vista» particular. Su apuesta, reiteraron, es la de la paralización de los trámites desde el mismo Ayuntamiento, órgano que debe determinar la compatibilidad urbanística de la actividad de Gutram. «La empresa tiene que presentar un nuevo proyecto para hacer el informe de compatibilidad», indicó el regidor ribadedense. La visión del equipo de gobierno local, tal y como ya manifestaron hace tres semanas, es que con la resolución publicada en el BOPA el Principado insta a la compañía a «empezar de cero».
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