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JUAN GARCÍA
RIBADESELLA.
Viernes, 18 de mayo 2018, 00:08
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La aplicación de la nueva ordenanza municipal que regula la ocupación de espacios públicos para uso hostelero en la villa de Ribadesella tiene ya un primer damnificado. El Ayuntamiento ha sancionado a un hostelero ubicado en el casco histórico de la villa con un año de suspensión para la instalación de la terraza. Un castigo que se complementa con 1.500 euros de multa por «reiterados incumplimientos» de la ordenanza, ocupando el doble de espacio que tenía autorizado.
Según fuentes municipales, esta drástica resolución viene precedida de «innumerables expedientes informativos y numerosas notificaciones». Su ejecución se formalizó hace una semana, el viernes 11 de mayo. Ese día se procedió a levantar la terraza que el establecimiento tiene en la Plaza de la Iglesia, en el centro de la villa. Una disposición que tiene un año de duración, aunque el propietario podría reducir la inhabilitación mediante recurso. De hecho, el equipo de gobierno está abierto a la negociación ante la cercanía del verano.
En este sentido, el presidente del Partido Popular riosellano, Juan Manuel Blanco, apeló al «sentido común» de unos y otros para, por un lado, interpretar debidamente la normativa y por otro, respetarla. Teniendo en cuenta que la inmensa mayoría de los establecimientos públicos respetan la ordenanza, Blanco pidió flexibilidad en su aplicación para no perjudicar a terceras personas, «a las que podrían encontrar un puesto de trabajo para poder atender esas mesas y terrazas».
Así, pidió la convocatoria de una mesa de negociación para abordar estos asuntos. Para el empresario pidió el «cumplimiento estricto» de la ordenanza y para quien tiene que aplicarla, en este caso el Ayuntamiento de Ribadesella, pidió «tolerancia» a la hora de determinar el tipo de sanción para no perjudicar a terceras personas. Juan Manuel Blanco apuesta más por una sanción económica mayor en lugar de un período tan largo de inhabilitación.
La nueva ordenanza de terrazas, aprobada hace dos años, el 18 de mayo de 2016, fue modificada este año incrementando la cuantía de las sanciones y estableciendo tres tipos de infracciones. Las leves serán sancionadas con una multa de hasta 750 euros. Las graves con multa de 751 a 1.500 euros y suspensión de la autorización por un período de entre tres y seis meses. Y las muy graves, multa de 1.501 a 3.000 euros y suspensión de la autorización por un período de entre seis y doce meses. Las infracciones solo se sancionarán con multa en grado máximo cuando los hechos revistan especial gravedad y se acredite la concurrencia de reincidencia, por la comisión en el término de dos años de, al menos, otras dos infracciones a la ordenanza, cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa.
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