El TSJA no considera probado el perjuicio a los funcionarios de Llanes

Fachada del Ayuntamiento de Llanes. /  NEL ACEBAL
Fachada del Ayuntamiento de Llanes. / NEL ACEBAL

La última sentencia por la modificación de la RPT respalda al Ayuntamiento al entender que los 30 trabajadores «no acreditan cómo se hallan afectados»

G. P. LLANES.

Una sentencia emitida ayer mismo por la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) respalda al Ayuntamiento de Llanes en el caso abierto por la demanda de una treintena de funcionarios por considerar ilegal la sexta modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), aprobada por el Pleno municipal en julio de 2016.

Los magistrados entienden que existe una «falta de legitimación» de los trabajadores y que «en las demandas presentadas no se acredita en que medida se hallan afectados como consecuencia de la modificación de la RPT». Apuntan, además, a que los funcionarios se limitan a «efectuar una impugnación de la misma, en cuanto supone una reorganización de la estructura municipal que modifica, crea y amortiza puestos de trabajo, modifica retribuciones, así como el factor de puntos en titulación académica a los puestos de secretario, interventor y vicesecretario interventor».

Por ello, recoge la sentencia que las demandas presentadas por los funcionarios suponen «una impugnación directa de modificación de la RPT como si se tratara de una acción pública». En este sentido, señala el TSJA que «no se ha concretado el ámbito concreto de cada uno» de los funcionarios.

El recurso presentado por el Ayuntamiento de Llanes y ahora estimado por el TSJA iba dirigido contra la sentencia emitida el pasado septiembre por el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Oviedo. En su apelación, el Consistorio pedía tanto que se declarase inadmisible dicha sentencia como que se reconociese «la falta de legitimación de los recurrentes».

Contra la resolución ahora adoptada por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias cabe interponer recurso de casación, en un periodo de treinta días, ante el Tribunal Supremo o ante el propio TSJA, en función de la legislación a la que aludan los interesados.

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