«No hablamos de sisar dos mesas, sino de cientos de miles de euros»

Otero y los empresarios trazaron un plan para quedarse con el dinero de los colegios

PALOMA LAMADRID OVIEDO.

La del 'caso Renedo' fue una investigación cortocircuitada. Cuando la Policía Nacional llevaba unos días pinchando el teléfono de la funcionaria Marta Renedo para conocer con quién se conchababa, sus jefes la expulsaron, lo que evitó que los agentes pudieran conocer mejor si contaba con aliados. Con María Jesús Otero, la otra dama de la historia, ocurrió parecido; al mes de grabaciones recibió el solplo de que tenía a la Brigada de Delitos Económicos tras sus pasos y decidió dimitir. El tiempo de sigilo fue escaso, pero bastó a los policías para descubrir un mundo de corrupción con varios estratos que la sentencia ayer publicada por la Audiencia Provincial diferencia bien.

En el núcleo sitúa a la entonces directora general de Educación, y las empresas Igrafo y APSA. Juntos aplicaban «el plan criminal trazado». Ella era la que en la consejería tenía la capacidad de «determinar cuándo, por qué y con quién se contrataba, y determinar que la prestación había sido ejercida». Utilizaba esos poderes para tramitar expedientes en los que se pagaba a las empresas por muebles que no se servían, o se entregaban en cantidad inferior, o con sobrecostes.

«No estamos hablando de que se sisen dos mesas o cuatro herramientas. Hablamos de cientos de miles de euros». ¿Es factible que Otero no se enterara? «Nos parece de todo punto inverosímil que con el volumen de contratación que estas empresas tenían con la consejería, desarrollaran esta praxis a espaldas de la funcionaria que decidía precisamente esos suministros, se los adjudicaba y tenía la competencia de verificar el adecuado cumplimiento de las prestacioens facturadas», responden los magistrados. Las empresas no podían arriesgarse a «verse descubiertas y perder» su confianza.

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«La Sala no duda de que la acusada sabía que se facturaba lo que no se servía precisamente porque esa praxis era la que generaba saldos en los empresarios, que luego estos utilizaban para pagar la gran cantidad de dádivas y liberalidades que recibió», apuntalan. En total Igrafo se gastó en ella 1.066.687,41 euros en cuatro años y APSA otros 803.841,36. Durante la investigación la Agencia Tributaria elevó a 2,2 millones ese monto, pero ahora los magistrados hacen algunas rebajas. Ocurre por ejemplo con las comidas en restaurantes de postín o las joyas que se llevaba y que luego abonaba Víctor Muñiz, el accionista de Igrafo. «Un criterio de prudencia» mueve a los magistrados a decir que «no puede descartarse que estas facturas que nos ocupan correspondan a regalos hechos en el seno de la consejería con motivo de algún evento, de suerte tal que no habrían redundado en beneficio de la encausada».

Con todo, «lo cierto es que los bienes y obras facturados y cobrados no llegaron a los centros porque los acusados -María Jesús, Víctor Manuel y Alfonso Carlos- decidieron que no se suministraran con el propósito de atender sus propósitos lucrativos, a costa de las arcas públicas».

Pupitres y ordenadores

Los condenados aseguraban que las pizarras, ordenadores y pupitres sí se entregaban, pero en sitios distintos a los que ponen los recibos, algo que el tribunal rechaza de plano, principalmente porque no hay pruebas de ello. En los registros policiales a las compañías localizaron documentos identificando el movimiento de mercancías, por lo que «sería francamente insólito» que ahora no pudieran acreditar dónde dejaron cada enser.

¿Y qué pintaba el consejero José Luis Iglesias Riopedre? Los jueces establecen que «estaba plenamente al corriente -él firmaba las resoluciones- de que tanto APSA como Igrafo eran los mayores beneficiarios de las adjudicaciones y que su intención es que así siguira siendo». Sin embargo mantienen la «duda razonable» de que supiera que las empresas cobrasen por materiales sin entregar. Esas incertidumbres «se ven robustecidas si tenemos en cuenta que, así como en el caso de María Jesús su participación en estos y otros hechos se tradujo en cuantiosas dádivas, no es este el caso de José Luis».

El exconsejero delinquió, fraccionó contratos y firmó tres obras a sabiendas de que no se hacían, «inspirado por una finalidad muy concreta, cual era favorecer a la empresa de su hijo Ernesto». Saltándose la ley lograba que éste hiciera sondeos en los colegios, trabajos que sí se ejecutaron y a precios de mercado. «No se acreditó que de eso derivara un menoscabo para las arcas públicas, pues lo que suponían, en esencia, era orientar la contratación para favorecer a Ernesto, hecho sin duda grave, pero que difiere sustancialmente» del protagonizado por Otero.

Se da por hecho que Riopedre viajó a Barcelona y Tenerife pagado por Igrafo, pero los jueces creen que eso lo arregó Otero y él no sabía nada.

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