Las 39 parroquias rurales de la región, en riesgo de desaparecer por un cambio legal

Las 39 parroquias rurales de la región, en riesgo de desaparecer por un cambio legal
Andrés Rojo preside la Federación de Parroquias Rurales y es el alcalde de Villamayor, parroquia que se financia con el suministro de agua del Chorrón. / NEL ACEBAL

Un decreto obliga a que un alto funcionario vigile cómo gastan un millón de euros, algo «imposible porque no hay gente y nos vacía de sentido»

RAMÓN MUÑIZ GIJÓN.

El 26 de mayo junto a las urnas para elegir regidor, presidente autonómico y europarlamentarios, en 39 enclaves se colocará otra para seleccionar al vecino que haga de alcalde de parroquia. En Asturias hay 857 circunscripciones con semejante nombre, pero solo el 4,5% de ellas aprovechó una ley de 1986 para dotarse de gobierno propio. La norma exigía acreditar «intereses propios, distintos de los generales de la entidad municipal». Eso o disfrutar de «bienes patrimoniales no municipales» con los que financiarse. Durante tres décadas han podido pagar las aceras, alumbrado, limpieza viaria y festejos que querían con la venta de madera o suministro de agua. Son unos 10.000 vecinos, mueven así alrededor de un millón de euros al año y ahora una nueva normativa amenaza con suprimir este sistema.

«Si se aplica como está, terminaría con las parroquias, que es el objetivo que parece que vienen buscando desde hace unos años», advierte Andrés Rojo. Lleva desde 2003 al frente de Villamayor (Piloña) y preside la Federación de Parroquias Rurales. Su lamento alude a que con la crisis el Gobierno de Mariano Rajoy puso en marcha una ley de racionalización de las administraciones locales, ordenando que dejaran de prestar servicios que no son de su competencia e imponiendo en qué casos conviene consorciar algunos trabajos para que salga más barato. En España hay 3.704 entidades de ámbito inferior al municipio -lo que en Asturias se llama parroquias y en otros territorios pedanías- a las que también afectó la iniciativa.

«Impidieron crear nuevas, nos empezaron a pedir más y más papeles. Parece que hubo un momento que de cara a la UE quedaba muy bien decir que habías suprimido 3.704 puestos, pero aquí ningún alcalde de parroquia cobra sueldo y desde luego en Asturias somos ejemplo de cumplir por el libro», defiende Rojo. La puntilla, con todo, ha venido con este real decreto del pasado 16 de marzo, dedicado en principio a definir las obligaciones de los funcionarios de los ayuntamientos con habilitación nacional. De paso, incluye una disposición adicional dedicada a estas entidades inferiores al municipio, aclarándoles que en lo sucesivo no podrán seguir autogestionándose las funciones de secretaría e intervención, tesorería y recaudación. Para esas labores deberán contar con uno de estos altos funcionario que trabaje en el propio municipio. La medida acabaría con la figura del vecino-secretario.

Aplicar al pie de la letra este principio «es algo que no podríamos asumir», manifiesta el alcalde de Pravia, David Álvarez. Su concejo es el que más parroquias rurales tiene, con diez. De acatar el real decreto, explica que la secretaria municipal que ya gestiona el Consistorio y la mancomunidad debería multiplicarse para asistir a las juntas que al menos una vez cada trimestre convocan las parroquias, dar fe de los acuerdos y supervisar los contratos. Hacerlo «es imposible porque los ayuntamientos no tienen gente para ello y nosotros no tenemos fondos para pagar a un habilitado nacional», confirma Andrés Rojo. «Nos están vaciando de sentido», agrega.

«Es un ejemplo claro de legislar de espaldas a una realidad en la cual hay un déficit enorme de habilitados nacionales», considera Carlos González-Antón, secretario general de la federación estatal de concejos, pedanías y parroquias rurales. «En Asturias hay un control previo de los gastos y luego todo se justifica ante el Principado; no tienen funcionarios pero son funcionarios los que ya les están controlando», agrega. Contando con que ninguno de los afectados pasa de los 50.000 euros de presupuesto, «es una medida desproporcionada, como si la ley exigiera poner un agente a la puerta de cada bar para evitar que los menores beban», ejemplifica.

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