El perfil del imprudente: varón de más de 46 años, casado y con trabajo

La Guardia Civil avanza en sus pesquisas con estadísticas extraídas del análisis psicológico de 2.100 detenidos por provocar las llamas

R. MUÑIZ GIJÓN.

Durante años detener al incendiario dependía sobre todo de que dejase huellas, que el fuego o la lluvia no las diluyera, o que algún vecino lo atisbara con las manos en la masa. Sin ninguna de esas ayudas, la investigación corría riesgo de terminar en un callejón sin salida. Desde el año 2015 la estadística y la psicología están auxiliando a los agentes del Seprona de la Guardia Civil, ofreciéndoles nuevas herramientas para la pesquisa.

Su función comienza con un cruce de datos. Se comienza posicionando en el mapa los sitios en los que se originaron los últimos incendios, y luego se contrastan esas marcas con los fuegos de los últimos años. El chequeo permite así identificar patrones espaciales, esto es, zonas calientes donde el problema empieza a ser demasiado recurrente como para que el criminal no tenga una vinculación con ese lugar.

Acotado el campo de trabajo, los agentes profundizan en su conocimiento del sitio, se entrevistan con los vecinos, y van acopiando las primeras pistas sobre el terreno. Para orientar mejor sus pasos y jerarquizar el valor de los indicios, disponen de unos perfiles psicosociales, una suerte de retratos robot de cómo suelen ser estos criminales.

La base de datos se elaboró tras analizar el historial de 2.100 detenidos. Sus expedientes denotan que hay rasgos que se repiten, y que afianzan la idea de que existen cuatro grandes grupos de incendiarios: el pirómano reincidente, el imprudente agrícola, el agroforestal, o el que persigue beneficio agropecuario.

De entre esos historiales, el perfil más repetido fue el del imprudente agrícola, que acumula casi la mitad de los delitos. Se corresponde a un varón, que en un 64,7% de las veces pasan de los 46 años, y en una proporción parecida tiene esposa y vive con ella. La mitad de ellos trabajan, y sus ingresos se sitúan entre los 600 y los 1.200 euros mensuales. Su nivel educativo es elemental, de FP o EGB. Suele tener muchos amigos, y gusta de pasar el tiempo de ocio con gente.

El incendiario habitual no falta al trabajo, rara vez ha tenido problemas anteriores con la justicia y su domicilio está a menos de diez kilómetros de donde se origina el incendio. Lo suyo fue una imprudencia mientras hacía trabajos agrícolas o manejaba maquinaria; se queda en el lugar de las llamas e incluso ayuda a sofocarlas. Eso sí, en la mitad de las ocasiones no llama a los servicios de extinción, y en uno de cada cuatro casos intenta negar los hechos.

Un cuarto de los historiales revisados apuntan a una variante del perfil anterior: el imprudente agroforestal. La diferencia fundamental es que éste no denuncia, abandona el lugar de los hechos y en la mitad de las ocasiones no asume su responsabilidad.

Quienes prenden la llama con toda la intención de hacer daño o fascinarse por su fulgor son los menos. Apenas un 15,7% de los investigados corresponden a la descripción del pirómano reincidente. «Es el perfil que más se distingue de los demás», reconoce la Fiscalía General del Estado, en su última memoria sobre el Medio Ambiente. Aquí lo que abunda, con un 60% de probabilidades, es el soltero o divorciado, que cobra menos de 600 euros al mes, reside en una aldea, carece de amigos, ha estado a tratamiento y abusa de sustancias. En un 56% de las ocasiones desconoce quien es el propietario del terreno que está prendiendo.

Las sentencias lo avalan

La categoría más minoritaria, con un 13,4% de los sujetos, es la de quien se mueve conscientemente, en busca de un beneficio agropecuario o por venganza. Su edad oscila entre los 34 y 60 años, en la mitad de los casos está desempleado o jubilado, y si tiene trabajo, es manual. Tiene pocos amigos, aunque suele gustar de estar con gente. Uno de los datos más determinantes es que en un 52,8% de las ocasiones vive cerca, a menos de un kilómetro del suceso. Es también el perfil al que le constan más antecedentes por otros hechos.

Las últimas sentencias dictadas en la región encajan con estas descripciones. En julio la Audiencia Provincial confirmó la condena de ocho meses de cárcel y unos 5.000 euros en indemnizaciones a dos personas que negaban su autoría, pero de las que se da por hecho que hicieron quemas sin autorización, para generar pastizales. Un mes antes se ratificó la sentencia de ocho meses de prisión a otro que también rechazaba ser el autor de un fuego que, según los agentes, buscaba limpiar el monte de tojo para facilitar las labores de desbroce. En mayo también se condenó a ocho meses de cárcel y más de 7.000 euros de indemnización a un varón que hizo una quema, la reconoció, y alegó tener permiso para ello, si bien no había leído que la licencia le impedía prender en condiciones como las de aquel día.

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