«Las personas transexuales no necesitamos que un médico nos diga quiénes somos»

Concentración celebrada en Gijón en memoria del joven transexual que se suicidó en Vizcaya. /  AURELIO FLÓREZ
Concentración celebrada en Gijón en memoria del joven transexual que se suicidó en Vizcaya. / AURELIO FLÓREZ

Xega denuncia el «maltrato social» que sufre a diario el colectivo LGTB en el homenaje al joven que se suicidó en Vizcaya

PABLO SUÁREZ GIJÓN.

El jueves pasado, Ekai Lersundi, de 16 años, decidía quitarse la vida en su casa de Ondarroa (Vizcaya). Atrás dejaba duras sesiones con psicólogos que lo examinaban con el fin de informar a un juez sobre si debía, o no, autorizarlo a cambiar de nombre de manera legal. Ekai sabía quién era, pero la ley no le permitía certificar su identidad. Los años de espera para materializar legalmente este cambio y el castigo continuo de una sociedad que ni le entendía, ni hacía nada por entenderle fueron mermando su moral y le llevaron a tomar la terrible decisión.

El desenlace evidenciaba una situación, la del colectivo trans, que se siente tan maltratado por la sociedad como olvidado por la ley.

Por este motivo, la asociación Xega organizó ayer una concentración en la plaza de El Humedal para homenajear a Ekai y demandar el cumplimiento de los derechos que protegen su libertad de expresión. «No queremos más leyes. Lo que pedimos es que se cumplan las que ya hay», afirmaba Mané Fernandes, coordinador de políticas trans en Xega. Fernandes pedía que no quedase todo en «un momento de orgullo», sino que casos como el de Ekai, más comunes de lo que pensamos, sirvan para avanzar en materia de protección a este colectivo y acortar procesos como el cambio de nombre. «Estamos involucionando con respecto al discurso de igualdad y volviendo a otro de carácter tránsfugo y machista, que es la raíz de la lgtbfobia (rechazo al colectivo de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales)», dijo.

«Violan nuestra privacidad»

Otra de las demandas del colectivo LGTB es la eliminación de los procesos obligatorios que los individuos deben pasar de cara a que un juez autorice su cambio de nombre. Procedimientos que llegan a tener una duración de más de dos años y que suponen un auténtico calvario para los que tienen que someterse a ellos.

«¿Por qué las personas transexuales dependemos de un médico o un juez para decirnos quienes somos?», se preguntaba Fernandes en alusión a las largas sesiones con psicólogos a las que son sometidos con el fin de determinar si verdaderamente tienen asumido su cambio de sexo. Fernandes, que cree que «debería bastar con nuestra palabra para que se nos autorizase legalmente a ser quienes somos», asegura no tener constancia de otro colectivo que tenga que pasar las mismas «pruebas».

En este sentido, Diana Márquez, una joven transexual de 25 años, afirmaba que las sesiones psicológicas incurrían en constantes violaciones a la privacidad con interrogantes del carácter más íntimo. «Los psicólogos nos hacen preguntas que están totalmente fuera de lugar y que hacen mucho daño», aseguró.

Según un informe realizado por el Ministerio del Interior, el colectivo LGTB es víctima de más de un 40% de los delitos de odio que se cometen en este país, con lo que es la minoría más afectada por este tipo de actos. El año pasado, el Observatorio de Madrid contabilizó en más de 300 las agresiones sufridas en España por ciudadanos pertenecientes a este colectivo, un 33% más que en años anteriores.

«Todo lo que tardemos en cambiar la situación es tiempo que sufre un gran número de personas. Personas normales», concluyó Fernandes, quien reclamó un cumplimiento inmediato de las leyes.

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