«Con pisos domotizados los discapacitados podrían vivir de forma autónoma»

Mónica Oviedo, en la Universidad Laboral de Gijón. / JOAQUÍN PAÑEDA
Mónica Oviedo, en la Universidad Laboral de Gijón. / JOAQUÍN PAÑEDA

Mónica Oviedo, presidenta de la Unión de Discapacitados de Asturias (UMA): «La ley de accesibilidad no se ha cumplido, pedimos compromisos a nivel autonómico y local para elaborar planes y dotarlos de presupuesto en 2018»

GLORIA POMARADA GIJÓN.

En 1977 un grupo de personas con discapacidad dieron un paso para acabar con su situación, eran ciudadanos con las mismas obligaciones pero no con idénticos derechos a los del conjunto de la sociedad. Así nació UMA, la primera asociación de Asturias de personas con discapacidad física y orgánica. Entre aquellos pioneros se encontraba Mario García, Medalla de Plata del Principado este año y presidente de UMA hasta diciembre de 2017, cuando Mónica Oviedo tomó las riendas de la asociación.

-¿Da más vértigo el camino recorrido o el que queda por recorrer?

-Lo que queda por recorrer, por supuesto, porque tenemos muchas expectativas de avanzar y cubrir necesidades de nuestros asociados.

-¿Qué papel estaba reservado a las personas con discapacidad cuando nació la asociación?

-Cuando comenzó UMA el primer objetivo era que las personas con discapacidad tuvieran los mismos derechos. Se sentían discriminados en muchas áreas de la vida diaria y, fundamentalmente, en materia de empleo.

-Desde entonces ha cambiado incluso el lenguaje. Aquella 'm' de minusválidos se ha transformado en discapacidad. ¿Acompaña el contenido a las formas?

-Hemos conseguido cosas muy importantes en materia de empleo, educación y sanidad, pero hay cosas de sentido común y respeto que todavía hoy no se cumplen. Por ejemplo, el respeto a las plazas de aparcamiento reservado, es un tema de educación.

-Su trigésimo aniversario coincidía con el inicio de la crisis. ¿Qué retroceso supusieron los recortes?

-UMA tenía cuatro patas fundamentales en cuanto a ingresos. El Ayuntamiento de Gijón; la Consejería de Servicios Sociales, que en su día tuvimos unos 20.000 euros y ahora son 4.000; la obra social de Cajastur, cuya aportación en los últimos años ha sido muy escasa; y la Fundación ONCE, un apoyo muy importante. Con el volumen de socios, 1.800, la asociación requeriría cinco personas para dar la atención adecuada. Ahora mismo tenemos tres y con muchas dudas de que el próximo año puedan continuar.

-Las administraciones delegan en las entidades una atención que, sin embargo, tardan meses en pagar. ¿Cuánto tiempo podrán seguir trabajando con esa incertidumbre?

-Todos los años, tanto UMA como el resto de asociaciones de personas con discapacidad, tenemos el mismo malestar. Somos funambulistas sin red, ponemos en marcha el día 1 proyectos, contratos y gastos sin tener por adelantado ninguna cantidad. Hemos trasladado a la administración modelos de otras comunidades que en diciembre tienen reservada la cantidad y a principios de año hacen el pago. Sé que es una utopía, pero un término medio sería que en el primer trimestre del año se convoquen y resuelvan las subvenciones y haya un pago anticipado de, al menos, el 50%.

-Cataluña conseguía este año que el reparto del IRPF se haga a nivel autonómico. ¿En la práctica va a suponer una distribución menos proporcional?

-En principio hay un acuerdo de que este año se van a mantener los programas que existían, puesto que el IRPF era una de esas subvenciones continuistas que te pagaban a principios de año. Pero para el próximo se van a sacar convocatorias y en nuestro caso, hay proyectos que no vamos a poder ejecutar. Puede traer muchos problemas y que personas con discapacidad dejen de percibir un servicio.

-La financiación privada, ¿es una solución o un parche para momentos puntuales?

-La administración tiene que comprometerse con el Tercer Sector, tiene un papel casi obligatorio de cofinanciar. La empresa privada, por la responsabilidad social corporativa, debería estar más presente, la participación es escasa en materia de discapacidad.

-¿Qué balance hace de la ley de dependencia una década después de su entrada en vigor?

-En la ley de promoción de la autonomía personal y atención a personas con situación de dependencia, como nos gusta llamarla, la primera parte ha sido olvidada, diez años perdidos. En Asturias, por los datos que se nos facilitan, las prestaciones más solicitadas fueron las del cuidador informal. Tenemos dos únicos centros de día -Cocemfe y Aspaym- y un centro residencial de Cocemfe en Viesques, en el cual las plazas permanentes están ocupadas de forma continuada, por lo que haría falta alguna propuesta más, como viviendas domotizadas en las que se viviera de manera autónoma. En lugar de ir a una institución, podrías seguir en tu casa con una vida libre, autónoma y digna, con apoyos puntuales... Hoy en día la tecnología lo permite.

-Otra ley, la de accesibilidad. ¿Se cumple?

-No se ha cumplido la norma en ninguna comunidad, aquí estamos pidiendo compromisos a nivel autonómico y local para, al menos, elaborar documentos como planes de accesibilidad y en 2018 dotarlos presupuestariamente. Hay una normativa de accesibilidad en la que participamos cuando se creó en 1995. Luego había que desarrollar los reglamentos en el ámbito arquitectónico, urbanístico, de transporte y comunicación, aquí solo se desarrolló el arquitectónico y urbanístico en el 2003. Estamos luchando desde hace años y tenemos el compromiso de la consejera de Servicios Sociales para trabajar en una nueva ley y reglamentos, ya que esta está obsoleta.

-El centro Stephen Hawking sigue sin entrar en funcionamiento. ¿Qué oportunidades se están perdiendo?

-Se está perdiendo desde hace años que personas con dependencia y discapacidades neurológicas estén en sus casas o en el CAI de Viesques, que no es un sitio tan especializado. También estamos perdiendo el área de investigación, proyectos en materia neurológica para descubrir el origen de enfermedades, muchas de ellas huérfanas, terapias o medicamentos.

-¿Qué peso deberían tener las asociaciones en la gestión del centro?

-Tiene que ser una gestión pública y en eso se está trabajando.

-La tasa de actividad de las personas con discapacidad es del 38%, ¿se cumplen las cuotas de reserva de contratos en empresas e instituciones públicas?

-Es una reivindicación que todos los años le trasladamos al presidente del Principado. Creemos que hay un porcentaje no muy grande de empresas de más de 50 trabajadores que no cumplen, nos gustaría que hubiera un seguimiento más cercano y que se impongan sanciones. Creemos, de todas formas, que las empresas están concienciadas y valoran lo que las personas con discapacidad aportan. Hay empresarios que comentan que desde que se han incorporado hay un mejor ambiente de trabajo.

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