Podemos, dispuesto a pactar la ley anticorrupción si el Gobierno pide cárcel para Riopedre

Educación declina cuantificar el perjuicio económico del 'caso Renedo': «Aventurar una cifra por mi parte sería imprudente», dice el consejero

EUROPA PRESS

El secretario general de Podemos y diputado regional, Daniel Ripa, ha propuesto al PSOE un acuerdo para hacer una ley anticorrupción a condición de que el Gobierno del Principado solicite la entrada en la cárcel del exconsjero de Educación asturiano, José Luis Iglesias Riopedre, condenado a seis años en el 'caso Renedo', la trama de corrupción en la contratación pública asturiana. "Le ofrezco una propuesta de acuerdo. Vayamos juntos a pedir la cárcel para Riopedre y pongamos en marcha la ley de unidad anticorrupción", ha emplazado Ripa al consejero de Presidencia del Gobierno asturiano, el socialista Guillermo Martínez. El Ejecutivo asturiano, al igual que Podemos, está personado en la causa. Podemos ya ha anunciado que solicitará el ingreso en prisión.

El ofrecimiento ha tenido lugar en la sesión plenaria de la Junta General del Principado de Asturias, donde Ripa ha cargado contra la posición de Gobierno en todo este asunto. Sin embargo, Martínez ha defendido la manera de actuar del Ejecutivo y ha dicho que han colaborado con la Justicia en todo momento, al tiempo que reclamarán a los condenados "hasta el último euro sustraído".

Además, el dirigente asturiano ha acusado a Podemos de hacer declaraciones sobre este asunto sin leerse la sentencia, sólo a golpe de titular de prensa. Martínez ha afirmado que la sentencia desmonta los planteamientos que está realizando públicamente la formación morada.

Posteriormente, el PP preguntó en el pleno al consejero de Educación, Genaro Alonso, por el perjuicio económico que se ha producido en el departamento mientras fue consejero Riopedre. Alonso ha respondido que la sentencia judicial señala que no ha sido posible cuantificar el perjuicio económico. "Aventurar una cifra por mi parte sería imprudente", ha comentado Alonso, que ha recordado que hay otros procedimientos judiciales en marcha. Tras averiguaciones realizadas por la Consejería se comprobó que carecían de justificaciones una cantidad de material muy relevante. En este procedimiento, que sigue en fase de instrucción, la cuantificación sería superior a cuatro millones.

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