Podemos recrimina al Gobierno que no denunciara un supuesto delito en la empresa Gitpa

R. MUÑIZ OVIEDO.

El Juzgado de lo Penal número 2 de Oviedo celebrará el 26 de febrero el juicio sobre un supuesto caso de prevaricación en la empresa pública Gitpa. La fiscalía responsabiliza al que fuera su primer director general entre 2006 y 2012, Juan R. B., de fraccionar un encargo de asesoría jurídica en cuatro contratos diferentes. La operación, cifrada en 41.000 euros (IVA excluido), habría permitido adjudicar de forma directa el trabajo a Garrigues, el bufete que ya ejercía tareas de apoyo al consejo de administración de la empresa pública.

Los hechos los sacó a la luz la Sindicatura de Cuentas al analizar la contratación del Gitpa (Gestión de Infraestructuras Públicas de Telecomunicación) entre 2006 y 2013. La auditoría detectó «indicios de fraccionamiento indebido». La Sindicatura pasó el dictamen a la fiscalía del Tribunal de Cuentas, que no encontró motivos para tomar iniciativa alguna. El PP, por su parte, sí entregó el informe a la Fiscalía Superior del Principado, que a la postre fue la que puso la demanda en vía penal.

«¿Por qué no es el Gobierno asturiano el que actúa de oficio a la vista del informe de la sindicatura?», recriminó Lorena Gil, diputada de Podemos. La formación recuerda que Gitpa dependió de la Consejería de Administraciones Públicas, «la misma en la que se fraguó el 'caso Renedo' y en la que queda probado un absoluto descontrol». Juan R. B. mantiene que es inocente y sostiene que fue el bufete que asesoraba al consejo el que avaló la legalidad de los contratos. «Teniendo a sus órdenes en la empresa a una gerente de contratación, abogada de formación, le debería haber advertido de la ilegalidad de este procedimiento», tercia Lorena Gil.

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