Policía y Guardia Civil niegan que los políticos tengan 'soplos' de investigaciones

Afirman que los datos transmitidos a los jefes son «mínimos» y creen que pasar el mando a jueces y fiscales también generaría «tentaciones»

R. MUÑIZ OVIEDO.

Sorpresa, extrañeza y un mohín de desconfianza. Es la reacción que han tenido las asociaciones de la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía ante la última propuesta de la Fiscal Superior de Asturias. En su memoria anual, la responsable del departamento, Esther Fernández, recuerda que los agentes de la Policía Judicial tienen ahora una doble dependencia. Por un lado, tienen a los magistrados y fiscales dirigiéndoles las investigaciones. Por el otro, en la comisaría, responden ante unos mandos que, a su vez, tienen por encima una jerarquía que llega al delegado del Gobierno, el director general y el ministro.

En esta situación «la autoridad gubernativa, bajo cuya dependencia orgánica se sitúan, puede tener acceso por este medio al contenido de las investigaciones efectuadas por aquellos», recoge la memoria. Los mandos pueden además desviar a los agentes a otros cometidos, o boicotear las diligencias que lleva el fiscal poniéndolas en conocimiento de un magistrado, lo que obliga al primero a ceder el testigo y apartarse. Para evitar estos riesgos, Fernández aboga en su memoria anual por crear «una auténtica Policía Judicial, separada de la gubernativa, dotada de mayor autonomía y con dependencia funcional y orgánica exclusivamente de los jueces y fiscales».

«Eso nos lleva a una pregunta, ¿acaso son más íntegros los fiscales que los mandos policiales?», responde Ramón Rodríguez, el asturiano que ejerce de secretario general estatal de la Unión de Guardias Civiles. «Siempre ha habido algún rumor de 'chivatazo' pero nunca se ha demostrado y la misma tentación seguiría existiendo si los mandos únicos fueran jueces y fiscales», agrega. «En las elites siempre hay relaciones de parentesco y amistades que exigen integridad», concluye.

«Afirmaciones de ese tipo ponen un manto de sospecha sobre el colectivo que nos parece muy desafortunado», abunda Miguel Ángel Campos, secretario general en Asturias de la Confederación Española de Policía. «Comentar con un superior investigaciones que están bajo secreto supone un delito», recuerda.

Según describe, al iniciarse un caso los agentes lo registran en un sistema informático «pero si está bajo secreto solo el instructor policial tiene acceso a los detalles operativos». Campos reconoce que si el asunto es sensible «la práctica habitual es informar a los jefes, se le dice que tienes un tema de corrupción que puede ser amplio, pero de una forma genérica y sin dar más detalles». Admite el agente que por parte de los superiores políticos «puede haber interés en conocer más, pero salvo en asuntos de terrorismo, en los demás, y especialmente en corrupción, el nivel de restricción es fortísimo».

En lo que sí coinciden ambas asociaciones con la fiscal superior es en la necesidad de reforzar sus respectivas plantillas para dar agilidad a la justicia. «En Asturias hay 200 efectivos menos que hace siete años, lo que es un 10%; eso lo nota la seguridad ciudadana pero también las investigaciones», cifra Ramón Rodríguez.

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