«Preferiría que Marta pida perdón a que vaya a prisión»

María Teresa Porrúa y José Manuel Fernández pusieron la primera denuncia.
María Teresa Porrúa y José Manuel Fernández pusieron la primera denuncia. / DAMIÁN ARIENZA

El fallo impone a Renedo la obligación de compensar con 4.781,63 euros a las dos personas a las que suplantó La mujer que puso la primera denuncia contra la funcionaria recibe con sabor agridulce el desenlace del proceso

R. MUÑIZ OVIEDO.

La corrupción afecta a todos. Según confirma la sentencia, la Administración regional tuvo menos dinero del que debía para equipar sus colegios, atender sus museos, extender la fibra óptica por la región, financiar exposiciones... Es en las reservas presupuestarias que tenía para atender estas necesidades donde 'pescaron' los condenados por el 'caso Renedo' para disfrutar de un tren de vida que no les correspondía. Los perjuicios son por tanto generales, pero a nadie le duelen tanto como a María Teresa Porrúa Blanco y Azucena V.

Ellas son las víctimas reconocidas. Un día recibieron una llamada de la Agencia Tributaria informándoles de que según sus datos, les estaban defraudando ingentes cantidades de dinero y se exponían a multas ruinosas. No habían hecho nada para semejante susto. En realidad el origen de sus problemas estaba en la facilidad con la que presuntamente Marta Renedo abrió cuentas en Bankinter utilizando identidades de otros, para mover cientos de miles de euros sin ser detectada.

El fallo obliga ahora a la exfuncionaria a indemnizar con 2.000 euros a María Teresa Porrúa. El día que fue a la Audiencia Provincial, a contar sus intimidades ante una tropa de jueces y letrados desconocidos, terminó llorando. Ayer, al conocer el fallo, algo volvió a removérsele. «La sentencia me parece bien, los magistrados hacen su trabajo y tengo que dar las gracias al abogado que me ayudó mucho a llevar esto, Antonio Pineda, pero...».

La frase al otro lado del teléfono se corta. A Porrúa le duele la familia. Una de las identidades usadas para abrir cuentas fue la de Severina Blanco, su madre. Anciana inválida, la mujer había delegado en su hija todos los papeleos del día a día. Cuando recibió la llamada del fisco, algo se rompió en esa casa. Los ordenadores de la Agencia Tributaria aseguraban que Severina tenía libreta en Bankinter, cobraba ingentes cantidades por confeccionar anuncios por internet y utilizaba ese dinero para comprarse motos de gran cilindrada. La ficción era imposible, explicaron a los funcionarios de Hacienda. Vayan a la Policía, les respondieron.

El agente que les tomó declaración les pidió que no hablaran con otros familiares, que aquello tenía pinta de haber sido montado por algún allegado, que lo dejaran en sus manos. El asunto recayó por turno de reparto en el juez Ángel Sorando que optó por archivarlo, dado que los agentes no le ponían indicios concretos sobre la mesa. Nadie informó del asunto a la familia Porrúa, que se quedó con las sospechas hasta el fallecimiento de Severina.

«La madre le decía a la hija 'pero bueno Tere, si necesitabas dinero, ¿por qué no me dijiste nada? Habríamos vendido algo'», cuenta José Manuel Fernández, el yerno. «A mí la sentencia me parece bien, pero lo que no me parece bien es que Marta no nos haya pedido perdón, es lo que me duele, prefería que nos diera una disculpa, que nos dijera que se equivocó, a que vaya a la cárcel», coincide María Teresa.

«Aquí no se dirimía un tema económico, no es dinero lo que mi cliente buscaba, sino una reparación que ni siquiera con la sentencia ha llegado», afirma Antonio Pineda, el letrado que representa a la familia. Ejerce la acusación particular y lo tiene claro. «No queríamos pedir el ingreso en prisión para nadie, pero la falta de una disculpa formal nos mueve ahora a hacerlo», avanza.

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