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CHELO TUYA
GIJÓN.
Sábado, 17 de marzo 2018, 04:56
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La ley del salario social, la prestación asturiana a la que tienen derecho quienes viven con menos de 430 euros al mes, dice que el Principado debe responder a las solicitudes en el plazo de tres meses. Sin embargo, la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, encargada de gestionar la paga, acumula 1.847 peticiones sin respuestas desde hace seis meses. La solicitud con más demora llegó el 5 de octubre.
Así lo reconoce el departamento de Pilar Varela, que cerró febrero con un máximo histórico de perceptores: 22.527 asturianos cobran hoy el salario social, lo que se traduce en que casi 50.000 personas se benefician de la paga. Un cálculo que hacen los técnicos, que apuntan que de cada nómina vive una media de 2,2 personas.
Un atasco con el que la consejera socialista prevé acabar en los próximos meses, «con la incorporación de las doce personas que sumamos al equipo», apuntó esta misma semana en la Junta. Ante las críticas del diputado del PP Matías Rodríguez Feito, Pilar Varela aseguró que el pago de esta prestación está «garantizado por ley», pese a que, debido a la prórroga presupuestaria, solo disponga de 109 millones.
«Ya le dije que necesito 15 millones que están incluidos en el crédito extraordinario», insistió Varela, mientras que Feito reiteró su tesis de que «necesitará 140 millones, consejera». Unos cálculos que rechazó la consejera. «El año pasado lo cerramos con 119 millones. La previsión para este año son 120, ya que esperamos la incorporación de 1.500 personas». Una cifra inferior a la de solicitudes a la espera, lo que Varela explicó con «el equilibrio entre bajas y altas. En el último mes, las bajas se incrementaron un 40%, al agilizarse las revisiones», dijo.
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